El PP pide al Ayuntamiento de Bilbao que garantice la seguridad de sus concejales

Una reivindicación de índole salarial de los ocho chóferes del Ayuntamiento de Bilbao causó ayer un verdadero desaguisado político en el País Vasco, y propició que el PP exigiera al consistorio que ponga los medios necesarios para la seguridad de sus concelales. El requerimiento se produjo después de conocerse informaciones según las cuales los citados funcionarios se negaban a transportar a los ediles populares porque son objetivo de la banda terrorista ETA. El propio portavoz de los chóferes desmintió ayer que se hayan negado a tal cosa y que están dispuestos a transportar a los ediles sean del partido que sean.

Según fuentes del consistorio, la central sindical ELA-STV, próxima al PNV, pidió el martes en una reunión del comité de empresa que se tuviera en cuenta la "preocupación" 'que supone para los conductores atender a los concejales del PP, especialmente después del asesinato por ETA del concejal de Rentería José Luis Caso el pasado día 11. Los ocho chóferes del Ayuntamiento bilbaíno no cobran una peseta extra en concepto de peligrosidad.El diario bilbaíno El Correo publicó ayer una filtración sobre la reunión del comité en la que se aseguraba que los chóferes se negaban a transportar a los ediles populares y que les pedían que su trabajo lo hicieran profesionales privados. Los sindicatos de los funcionarios, los propios conductores y varios concejales negaron categóricamente tales informaciones.

Poco antes del mediodía, en la sede del PP de Bilbao, la teniente de alcalde Ascensión Pastor; el presidente de los populares vizcaínos, Leopoldo Barreda, y el concejal amenazado por ETA Antonio Basagoiti protagonizaron una conferencia de prensa en la que vinculaban la posteriormente desmentida negativa de los conductores con el fin de la democracia. Los miembros del PP aprovecharon la presencia de la prensa para reclamar escoltas de la policía municipal (actualmente son privados y su coste corre a cargo de las arcas del partido), ya que el alcalde, el peneuvista Josu Ortuondo, tiene siete agentes para su seguridad.

La virulenta reacción de los ediles del PP causó un gran malestar entre los conductores, cuyo portavoz -que respondía al nombre de Ángel Mari "a secas" -aseguró que -ellos se encontraban ayer en su puesto de trabajo dispuestos a transportar a cualquier concejal "fuera del PP o de quien fuera" y que, además, nadie les había consultado sobre su situación o sus peticiones. "Nosotros somos funcionarios y estamos hartos de que se nos, use en temas de tinte político".

Por su parte, el sindicato mayoritario entre los funcionarios CSI-CSIF emitió un comunicado en el que echaba todas las culpas sobre ELA y aseguraba que los conductores nunca se habían negado a realizar ningún servicio. A su vez, el líder de ELA en el consistorio bilbaíno, Txema Landa, aseguró a este periódico que lo único que pretendía su formación era denunciar "la preocupación existente, sin más", para añadir que "en ningún momento" el colectivo de chóferes había decidido suspender sus actividades con los populares.

Sin embargo, el impacto de la noticia motivó que los políticos tuvieran que dar ayer su opinión sobre el tema. El propio lehendakari, Jose Antonio Ardanza, calificó de "muy dura y muy insolidaria" la postura de los chóferes, mientras el consejero de Interior vasco, Juan María Atutxa, apuntaba que "cada ser humano tiene su propia capacidad de medir las amenazas, aunque yo creo que no existe tal". Estas respuestas fueron inmediatamente matizadas por Vitoria, tras conocer la postura de los conductores y del propio PNV. Hubo un apoyo inequívoco al Partido Popular en estos momentos difíciles.