El PSOE acusa al PP de querer exportar a los partidos el 'modelo Cañellas'

Los partidos políticos o sus afiliados podrán crear fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades vinculadas a objetivos del partido. Así figura en el borrador de la futura ley de financiación pactado con el apoyo del Partido Popular, CiU y PNV y con el rechazo tajante del PSOE e Izquierda Unida. Los socialistas han reaccionado con contundencia: "Éste es el modelo de Gabriel Cañellas en Baleares, que consiste en utilizar las fundaciones como pantallas para financiar a los partidos sin control alguno".

Así piensa Francisco Fernández Marugán, ponente del PSOE en esta ley, a cuya opinión se une Mariano Santiso, de Izquierda Unida. El PP, por el contrario, asegura que en la tramitación de la ley quedará todo muy claro y se añadirán controles a las aportaciones destinadas a las fundaciones. "Apelo a la responsabilidad del PSOE para que apoye esta ley", pidió ayer el ponente popular Jaime Ignacio del Burgo.Después de un par de meses de reuniones a puerta cerrada, la ponencia para la reforma de la financiación de los partidos políticos por fin ha concluido un texto de borrador para poder empezar la tramitación parlamentaria como proposición de ley orgánica. Primero en comisión, y después en pleno.

Los escollos que tenían empantanada la tramitación de la reforma de la financiación de los partidos políticos desaparecieron ayer, y así lo hicieron constar todos los portavoces, si bien aparecen nuevos aspectos que invitan a pensar que el texto tendrá un recorrido tortuoso en el Congreso de los Diputados. El ponente del PP, Jaime Ignacio del Burgo, junto a sus compañeros Jorge Trías y Álvaro Lapuerta, dio una visión muy optimista de la situación actual. Pero el socialista Fernández Marugán le echó un jarro de agua fría. "Mucho tiene que cambiar esta ley para que el PSOE la apoye", afirmó.

El punto de discrepancia fundamental lo exhibió Fernández Marugán después de que hubiera terminado la reunión, aspecto que reprochó posteriormente el diputado Del Burgo. El caso es que el ponente socialista no ahorró críticas a las pretensiones del PP, apoyado por los nacionalistas de CiU y PNV, en cuanto al papel que se asigna a las fundaciones en la financiación de los partidos. Los socialistas consideran que las fundaciones están pensadas para la divulgación del pensamiento político y científico y no "como instrumento de financiación de partidos". "Éste es el modelo Cañellas [Gabriel Cañellas, ex presidente del PP de Baleares y del Gobierno autónomo], que consiste en utilizar a las fundaciones como pantalla para la financiación de partidos, sin que tengan ningún control", dijo Fernández Marugán a este periódico.

En la explicación inicial de la proposición de ley, el ponente del PP no aludió a las fundaciones. El artículo cuarto de este texto señala que el conjunto de las aportaciones de una misma persona física o jurídica en un mismo año no podrá ser superior a la cantidad de 25 millones de pesetas. Pero se añade que "este límite no será aplicable a las aportaciones procedentes de las fundaciones de los partidos políticos o de las asociaciones sin ánimo de lucro, ni de disposiciones mortis causa". Este mismo artículo continúa así: "Los partidos políticos o sus afiliados pueden crear fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro para el desarrollo de actividades vinculadas a objetivos del partido".

Socialistas e Izquierda Unida se preguntan dónde está el control para esas fundaciones. La respuesta del PP vino enseguida con el reconocimiento de que "quizá la redacción no es correcta". Jaime Ignacio del Burgo aseguró que a la inmediata tramitación se incorporarán "los mismos controles que tienen los partidos políticos a través del Tribunal de Cuentas".

Este nuevo caballo de batalla ha hecho que pierda fuerza la satisfacción del PP por haberse acercado a las posiciones del PSOE suprimiendo las donaciones anónimas. Aún así, CiU mantendrá una enmienda por la que pide el anonimato hasta 500.000 pesetas. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) se ha dado por satisfecho, informó Del Burgo, con que un partido político pueda recibir aportaciones de 50.000 pesetas sin que sus donantes tengan que ser fiscalizados por este tribunal dependiente de las Cortes Generales.