1.000 presos mueren cada año en los centros penitenciarios de Rusia

Mil presos mueren cada año en las cárceles y campos penitenciarios rusos, en los que se hacina un millón de condenados o procesados en espera de juicio. El dato lo acaban de facilitar dirigentes de organizaciones de derechos humanos, que, sin embargo, elogiaron la decisión del presidente, Borís Yeltsin, de pasar el control de los centros de reclusión del Ministerio del Interior al de Justicia y de abolir un decreto que permitía a la policía retener a sospechosos hasta 30 días.

El altísimo índice de mortalidad que registran las prisiones rusas, denunciado en un informe del Centro Social para la Coordinación Judicial, es resultado, entre otras cosas, de la superpoblación, con celdas en las que, muy frecuentemente, se amontonan cuatro veces más reclusos de lo que permite su capacidad teórica, en condiciones penosas de habitabilidad y con una alimentación escasa y deficiente. El consumo de carne, pescado, leche y otros alimentos esenciales ha caído en picado en los últimos seis años en el conjunto de la población rusa, pero el hundimiento ha sido espectacular en las cárceles.La falta de fondos para mantener a los presos en las condiciones mínimas que garanticen su salud y su supervivencia fue uno de los argumentos esgrimidos el pasado día 3 en la Duma para defender el proyecto de amnistía, aprobado entonces en primera lectura y que, cuando entre en vigor, debe permitir la liberación escalonada de más de 400.000 reclusos.

La tortura, según los activistas de derechos humanos, sigue siendo una práctica rutinaria empleada para obtener confesiones de los sospechosos, y los periodos de detención preventiva son exageradamente largos, ya que pueden durar más de tres años.

Liudmila Alexeieva, presidenta del Grupo Helsinki de Moscú, señaló en el otro lado de la balanza medidas positivas, como la decisión de Yeltsin de abolir el decreto que permitía la expulsión de los desempleados de las ciudades, así como la moratoria que existe en la práctica sobre la pena de muerte, que el Parlamento (dominado por comunistas y nacionalistas) se resiste a abolir, pero que no se aplica desde hace más de un año.

No son sólo los presos los que tienen problemas en Rusia. También sus defensores son cada vez con más frecuencia objeto del hostigamiento e incluso de la violencia de las fuerzas de seguridad. Así lo asegura, por ejemplo, Gasan Mirzúyev, presidente de la Asociación Rusa de Abogados, quien en declaraciones a The Moscow Times, califica la situación de "pesadilla". "La policía", señala, "actúa aún con la mentalidad de los años treinta [cuando se desató la represión estalinista]".

Las quejas llegan también de Samara, con denuncias de manipulación y preparación de pruebas falsas contra los letrados que resultan incómodos o peligrosos para los intereses de algunos policías. Seis abogados fueron detenidos en esa ciudad y cinco fueron liberados luego sin acusación alguna.

Vladímir Smimov, que dirige el Consejo de Abogados de la región de SverdIovsk, dirigió recientemente una carta a sus colegas de Moscú en la que denunciaba casos como el de la agresión a un colegiado de esa región que estaba investigado por presunta corrupción a un coronel de la policía local. "Si funcionarios del Ministerio del Interior actúan así con los abogados", decía Smirnov en la misiva, "¿cómo lo harán con los ciudadanos ordinarios?".