Cuestión de educación

LA REFERENCIA del ministro del Interior a la necesidad de un "proyecto compartido" entre las fuerzas políticas democráticas debe ir mucho más allá de la localización exclusiva del País Vasco en que Jaime Mayor Oreja la situaba en la entrevista que EL PAÍS publicaba ayer. Es evidente que allí esa posibilidad favorecería de manera inestimable la lucha contra el terrorismo de ETA, y es lo que ha reclamado la multitudinaria manifestación en San Sebastián en protesta por el asesinato del concejal del PP José Luis Caso. Pero se trata de un concepto que hay que retomar en muchas cuestiones de Estado, en línea opuesta a la de quienes promueven la crispación.Hemos tenido que esperar a que Mayor hablara para escuchar, al fin, a un alto responsable del PP calificar de "disparate" la descalificación por parte de La Moncloa, y ampliamente amplificada por sectores del PP, del secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, tras su entrevista del pasado martes con el presidente del Gobierno. Almunia, sin embargo, no perdió la compostura ante el alud de críticas. Tras el cínico ataque, no ha descalificado la política antiterrorista del Gobierno, sino que la ha apoyado, y en otros asuntos de Estado ha brindado su plena colaboración al Ejecutivo: bien al suscribir la plena integración de España en la nueva estructura militar de la OTAN al considerar cumplidas las condiciones exigidas por el Parlamento, bien al sostener la postura que Aznar, llevaba al Consejo Europeo de Luxemburgo en defensa de claros intereses nacionales, a pesar de las diferencias que puedan tener ambos sobre el modelo deseable de Europa.

Resulta comprensible que haya diferencias entre los grandes partidos sobre cuestiones de Estado -es la esencia de la democracia-, pero estas diferencias no deben ser utilizadas como armas arrojadizas en la lucha política. Los partidos no deberían enredarse en gestos desabridos que de nada sirven para mejorar las cosas y sólo contribuyen a dilapidar la paciencia de los administrados.

El Partido Popular, el PSOE y los otros partidos tienen mañana en el Congreso la oportunidad de volver a cultivar el terreno quemado estos días, cuando debatan el proyecto sobre la enseñanza de las humanidades y en particular de la historia. En este frente, como en otros, no sólo es imaginable, sino firmemente exigible que los partidos renuncien a las escaramuzas y se esmeren en acordar algo útil para los estudiantes, que es tanto como decir para el futuro del país.

El Gobierno, sus socios y la oposición tienen la obligación de impedir que la palabra retirada del proyecto del Gobierno enfangue ese debate. Deben trabajar en las alternativas y dejar a un lado si ese texto sigue o no vigente. Que se convierta en una aportación más, por muy ministerial que sea. Sería escasamente pedagógico que, tras el acuerdo en el Senado y la entrevista entre la ministra de Educación y Alfredo Pérez Rubalcaba, mañana en el Congreso se retomara la funesta imagen de las dos Españas. Estamos ante una buena ocasión para dar marcha atrás al carrete de la crispación. Es cuestión de interés, de enseñanza y de cortesía. En suma, de educación.