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La Generalitat cambia un reglamento electoral para asegurar la catalanidad de La Caixa

El gobierno de la Generalitat ha aprobado. esta semana un decreto sobre el proceso electoral en las cajas catalanas que modifica los criterios de representación de las corporaciones locales y de los impositores en sus órganos de gobierno. El cambio, que afecta casi en exclusiva a La Caixa, la primera entidad de ahorro de España, prima la presencia en la asamblea general y en el consejo de administración de las corporaciones locales de implantación tradicional, básicamente Cataluña, reduciendo el peso de las que se encuentran en las zonas de expansión. De esta forma, la Generalitat pretende asegurar la catalanidad futura de La Caixa, que pronto tendrá la mayoría de sus oficinas fuera de esta comunidad.

El decreto recién aprobado establece que el criterio para calcular la participación de las corporaciones locales y de los impositores dependerá de los depósitos que la entidad de ahorro tenga en cada comunidad autónoma. Hasta ahora, esta representación se calculaba simplemente teniendo en cuenta el número de oficinas en relación con la población de la comunidad de la que se trate. Obviamente, esto implica primar las comunidades donde las entidades están implantadas desde más tiempo y en las que su cuota de mercado es mayor, reduciendo la presencia de las en zona de expansión, donde la relación entre depósitos y habitantes es mucho más baja. Según los estatutos de La Caixa, aprobados por la Generalitat, de los 160 miembros de la asamblea general, 58 representan a los impositores y 34 a las corporaciones locales. En el consejo de administración, de 21 miembros, ocho son representantes de los impositores y cuatro de las administraciones locales.

Métodos de nombramiento

De acuerdo con la misma norma, los 34 representantes locales en la asamblea general, serán "designados directamente por las corporaciones a las que corresponda este decreto", método que permite a las administraciones nombrar a cualquier persona, en ocasiones de marcado relieve político.En la exposición de motivos del aprobado decreto de modificación se justifica el cambio señalando "Ia conveniencia de regular la distribución de consejeros generales de acuerdo con la implantación consolidada de cada caja, para lo cual es más procedente ponderar el número de oficinas por su incidencia en la captación de recursos en el territorio, de manera que la política de expansión de una entidad influya en la composición de sus órganos de gobierno en la medida en que las nuevas oficinas vayan alcanzando la adecuada dimensión económica".

En la práctica, este cambio sólo afecta a La Caixa, primera entidad del sector en Cataluña y en España. Al cierre del pasado ejercicio, el grupo La Caixa, incluyendo sus bancos filiales, tenía una red de 3.343 oficinas. La mayoría, 1.837 estaban en Cataluña y Baleares, mientras que el resto, 1.506, estaba en las llamadas zonas de expansión. Tras Cataluña, con 1.667 oficinas, las comunidades autónomas con mayor número de sucursales son Andalucía, 383, y Madrid, 271.

La parte de la red exterior a la tradicional de Cataluña, no ha dejado de crecer y pronto será mayoritaria. Sin embargo, si se tiene en cuenta el criterio de los depósitos, el porcentaje de Cataluña sobre los más de siete billones de pesetas sigue siendo abrumador, tanto en cifras absolutas como en porcentaje.

La representación de las corporaciones locales en los consejos también está siendo abordada en otras comunidades que buscan cambios legislativos que les permitan no perder el control político. Así, tras Valencia, Andalucía tramita una nueva ley con este objetivo. Las actuales conversaciones entre el PP y el PSOE para lograr un consenso para no interferir en la gestión de las cajas también tocará el apartado de la representación.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 15 de diciembre de 1997

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