¡Fiscales de sala! ¡Vista a la derecha!

"¿Cómo te llamas? ¡Pum!... Te llamabas..." (Antología del humor negro mexicano).Es una suerte que trascendieran algunos aspectos y documentos del debate de la Junta de Fiscales de Sala del pasado miércoles 10 de diciembre. Primero, porque la discusión tiene que ver con hechos que han conmovido a los españoles, especialmente sensibles a las cuestiones argentina y chilena; segundo, porque la investigación de los delitos de genocidio y terrorismo por dos juzgados de la Audiencia Nacional ha comenzado a progresar, según atestigua la colaboración jurídica con Estados Unidos. La propuesta de archivar las diligencias es, pues, un intento de abortar, con el argumento jurisdiccional, un proceso cuyas consecuencias políticas y jurídicas no pueden ser más que saludables para el Estado de derecho.

El citado debate refleja la nueva fase por la que atraviesa una institución importante de este país. Cuando uno ha visto los cambios en la composición de la citada junta día a día quizá se resistía a admitir que en cierto momento la cantidad se convertiría en calidad. Y el cambio cualitativo llega con el debate sobre Chile y Argentina. Es la voz de mando: ¡Vista a la derecha!

La Ley Orgánica del Poder Judicial define la jurisdicción de la Audiencia Nacional para conocer delitos de genocidio y terrorismo cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional. Pero cabe recordar que en una época tan lejana como superada, el viejo Código de Justicia Militar, esto es, hasta 1973, establecía la jurisdicción militar para ese tipo de delitos cometidos por españoles o extranjeros si fueran aprehendidos en territorios o zonas marítimas o aéreas de soberanía o protectorado españoles.

Las iniciativas de los jueces Baltasar Garzón y Manuel García-Castellón, por otra parte, no han sido una excepción. En Francia ya fue condenado el ex teniente de navío argentino Alfredo Astiz por el secuestro y desaparición de dos monjas francesas. En Suecia e Italia, asimismo, se han abierto, respectivamente, casos por secuestro y se ha acusado a decenas de militares argentinos por crímenes contra la humanidad.

La objeción de los fiscales que votaron a favor del archivo de las diligencias es que en los juzgados 5 y 6 de la Audiencia Nacional se están tramitando causas generales que ya han sido resueltas, legalmente hablando, tanto en Chile como en Argentina. En apoyo de esta posición se ha llegado a decir que en Chile, por ejemplo, ha habido una amnistía, durante el régimen militar de Pinochet, comparable con la que tuvo lugar en España en 1977, tras las primeras elecciones democráticas.

Lo malo no es el debate como tal, sino la rebaja de su calidad. En época de Carlos Granados, la Fiscalía General del Estado ordenó a sus miembros oponerse a la apertura del procedimiento de investigación sobre las atrocidades cometidas en Argentina. Más tarde, el fiscal Javier Balaguer apoyó la jurisdicción española. Finalmente, la propia Junta de Fiscales de Sala avaló al citado fiscal. Éste y otros hechos son normales.

En la sesión del pasado miércoles, tanto el fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, como algunos de sus colegas, entre ellos el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, se refirieron al documento anónimo como el informe elaborado por el "compañero Fungairiño". Éste no cuestionó la paternidad del documento. Simplemente, no se refirió a él, defendiendo, eso sí, sus tesis principales. Mas tarde, fuera de la escena, Fungairiño negó públicamente que fuera "su" documento.

El informe desliza ciertas precisiones de detalle (el acta institucional, de la dictadura argentina, o Acta del Proceso de Reorganización Nacional, o la referencia al arma de los Carabineros chilenos, y otros matices), sugerentes de una consulta con expertos muy relacionados con estamentos de los países en cuestión.

El documento ataca la posibilidad de que se encajen en el nuevo Código Penal como delitos de terrorismo los procedimientos abiertos por los jueces Garzón y García-Castellón. Así, recuerda que la "idea definidora del terrorismo es la de cometer delitos actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública".

El núcleo de la filosofía del equipo redactor del informe patrocinado por Fungairiño se halla aquí: "Es discutible que las Fuerzas Armadas argentinas o las Fuerzas Armadas chilenas (en especial, el arma de Carabineros) en todo puedan ser consideradas como una banda armada; y en cuanto a la finalidad del exterminio de la disidencia política fuera la subversión del orden constitucional, no cabe olvidar que las Juntas Militares no pretendían sino la sustitución temporal del orden constitucional establecido mediante acta institucional que tenía por objeto precisamente subsanar las insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública".

Lo que el general Videla tenía en la cabeza el 24 de marzo de 1976 puede interesar a Fungairiñoy sus asesores. Tienen derecho a tener sus aficiones psicológico-históricas. Lo que hizo la junta, la secuencia de los hechos, por otra parte, no la desconocen ni Fungairiño ni sus asesores. Puesto que constan en el informe. Pero el modo de presentarlos debería con ducir a la conclusión exactamente contraria a la pretendida.Por ejemplo, el informe dice que ya en 1974 (otra vez, el detalle habla de los avisados asesores de Fungairiño) los militares argentinos recibieron el mandato de suprimir las actividades terroristas por parte del Gobierno constitucional. Videla y sus camaradas constituyeron, en efecto, bandas armadas bajo el Gobierno de Isabel Martínez de Perón. Pero la represión paramilitar, que provocó desaparecidos y muertos por centenares, y la crisis económica condujeron a la descomposición del Gobierno. La presidente cayó como una pera madura. Entonces la banda armada ocupó el vacío de poder, apoyándose en la farsa de un "acta institucional" que dio cobertura no ya a asesinatos individuales, sino a campos de concentración con miles de víctimas. El informe, claro, no puede dejar de mencionar la criminalidad desplegada.

Pero, de hecho, opera como una tapadera. Porque es estúpido hablar de "sustitución temporal". Los militares terminaron siendo barridos por el desastre de su propia política, coronada con su loca huida hacia adelante (guerra de las Malvinas), tras siete años.

El pretendido signo igual entre la amnistía de Pinochet y la española de 1977 ya es una desvergüenza. No sólo fue una autoamnistía de un régimen terrorista, sino que la Constitución posterior, vigente, ha sido dictada por los militares. El documento desvela un aire derechista cuando habla, en el caso de Chile, "de la creencia de que el régimen de Salvador Allende acabaría con las estructuras políticas tradicionales chilenas". El "régimen" del que Fungairino y sus asesores hablan es el Gobierno formado tras elecciones libres. El "régimen" fue el Gobierno militar erigido por Pinochet a sangre y fuego, con rasgos que perviven. Los militares participan en el Tribunal Constitucional, en el Consejo de Seguridad Nacional, en el grupo de senadores de designación, entre los que el propio Pinochet es senador vitalicio, y en la Cámara de Diputados, por medio del sistema electoral denominado binominal. Hay militares en el Consejo de Censura Cinematográfica.

Que algunos miembros de la Junta de Fiscales de Sala, como es el caso de Jiménez Villarejo, hayan expresado, según ciertas fuentes, su protesta formal por el documento no es de extrañar. La filosofía y la propuesta antijurisdiccional es un retroceso jurídico-político frente a la corriente actual, a la que se ha sumado el Gobierno de Estados Unidos.

Por otra parte, una orden próxima de la Fiscalía General del Estado a favor de archivar las diligencias no habrá de frenar en seco las investigaciones. Los fiscales tendrán que salir al ruedo: los recursos contra las actuaciones de los jueces Garzón y García-Castellón habrán de involucrar a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Mientras, los citados jueces anuncian nuevas y prometedoras diligencias. Es el caso de García-Castellón, que viajará en enero a EE UU.

Fungairiño ha formado parte de un grupo de fiscales que, entre otras cosas, ha alardeado con la investigación de los GAL. En fechas recientes, el fiscal jefe invocó la competencia de la Audiencia Nacional para investigar la presunta relación de los GAL con la realización de un vídeo.

Su informe vergonzante es como la máscara en el teatro kabuki. La denuncia de una banda armada es útil sólo para ser utilizada en la escena. Ahora toca bloquear a unos jueces que investigan a las juntas militares que intentaron imponer el chiste de humor negro mexicano.