Los países del G7 y Rusia suscriben un acuerdo contra el 'cibercrimen'
Frente común para perseguir pornografía infantil y fraudes por Internet
Los ministros de Justicia e Interior de los siete países más industrializados (G7) y Rusia adoptaron ayer en Washington un plan de acción contra el uso de Internet y de otras tecnologías punta para fines criminales. Estados Unidos, Japón, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá y Rusia se comprometieron a "dotarse de una legislación interna que permita calificar de infracción el uso delictivo de las redes informáticas, así como a preservar y recabar a tiempo las pruebas de los delitos".El acuerdo fue anunciado ayer por la Fiscal General de Estados Unidos, Janet Reno, en la sede de la policía federal estadounidense (FBI). Su objetivo es frenar el cibercrimen en sus facetas más dramáticas, como la pornografía infantil a través de Internet, el blanqueo de dinero y el fraude. Reno señaló que, en la actualidad, un delincuente puede encontrarse en un país y manipular el sistema de ordenadores de otro situado a miles de kilómetros de distancia, por lo que "debemos trabajar juntos cono munca antes", dijo.
Como primera medida a adoptar, los responsables policiales de cada país pueden estar en contacto permanente durante las 24 horas del día, compartiendo cuantos datos posean sobre delitos y delincuentes. "Es un paso en la buena dirección contra el rápido crecimiento de las empresas criminales en todo el mundo", dijo Bob Ayers, antiguo responsable del programa de Seguridad en la Información de la Defensa, dependiente del Pentágono.
Más recursos
Los ocho países integrantes del acuerdo deberán invertir más dinero y dotar de más medios a la lucha contra este nuevo tipo de delincuencia. La mayoría de ellos ya poseen leyes propias en este sentido. Ahora, sin embargo, se unificarán las penas y castigos que se impogan a quienes cometan delitos informáticos que ya no podrán refugiarse en países cuyas leyes sean más permisivas.Kurt Schelter, número dos del ministerio alemán de Interior, solicitó el establecimiento de un calendario, tras destacar el riesgo de que el acuerdo de los ocho países se conforme con una declaración de intenciones.
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