Qué fue de los golpistas

El pasado 30 de septiembre pasó a la reserva Ignacio Gasca Quintín, de 56 años, el único de los oficiales golpistas que ha seguido en activo todos estos años. Comandante en 1985, Gasca continuó su carrera militar, aunque siempre en destinos periféricos, hasta llegar al empleo de coronel y colgar el uniforme como responsable de la Jefatura Logística Territorial de Mallorca.Más trágico fue el destino de Ricardo Sáenz de Inestrillas. Aunque el Gobierno no adoptó ninguna medida contra él -los seis meses de arresto por la Operación Galaxia le permitieron volver al Ejército y la causa abierta por el supuesto compló del 24 de junio de 1981 fue sobreseída-, ETA segó su vida el 17 de junio de 1986. Fue un atentado atípico, pues la banda terrorista siempre buscó sus víctimas entre los militares demócratas.

El ex teniente coronel José Crespo Cuspinera, que en 1985 cumplía 12 años de condena por su implicación en el golpe del 27-O, salió en libertad condicional el 11 de diciembre de 1986, tras aplicársele el nuevo Código Penal Militar, que redujo la pena a la mitad. Su hermano Jesús, condenado por los mismo hechos y sin relación aparente con la trama de A Coruña, murió de un infarto en la prisión de Alcalá el 4 de marzo de 1986.

José Crespo Cuspinera se incorporó a la vida civil, igual que el ex comandante Pardo Zancada, quien aprovechó sus casi siete años de cárcel por el 23-F para doctorarse en periodismo.

El ex teniente general Jaime Milans del Bosch falleció el pasado 26 de julio en Madrid, a los 82 años, y fue enterrado en la cripta del Alcázar de Toledo. El Gobierno casi tuvo que expulsarle de la cárcel el 1 de julio de 1990, debido a su avanzada edad, pues siempre se negó a pedir el indulto. Tejero, el último de los golpistas en salir de la cárcel, quedó en libertad condicional el 3 de diciembre de 1996, tras 15 años y nueve meses.

Respecto a los civiles, el armador Rafael Regueira Fernández, Lucho, acabó procesado, pero no por sus veleidades golpistas, sino por narcotráfico. El 8 de diciembre de 1994, el barco de su propiedad Alza embarrancó en Corcubión (A Coruña) tratando de huir de las lanchas del Servicio de Vigilancia Aduanera. En sus bodegas llevaba más de 9.000 kilos de hachís.

José Antonio Girón de Velasco, el León de Fuengirola, ministro de Franco y presidente de la Confederación Nacional de Excombatientes (él prefería quitarle la palabra "ex') falleció el 22 de agosto de 1995, a los 83 años, a causa de una embolia pulmonar.

Mariano Sánchez Covisa, jefe de los Guerrilleros de Cristo Rey, murió de un infarto el 24 de septiembre de 1993. Antonio Izquierdo fue destituido como director de El Alcázar el 8 de enero de 1987. El diario ultraderechista cerró tres meses después.

"Ninguna prueba legal"

La alusión que el ex presidente Felipe González hizo el pasado 16 de octubre en A Coruña al golpe frustrado de 1985 vino a confirmar, con seis años y medio de retraso, la información publicada por EL PAÍS el 17 de febrero de 1991. Los periodistas Joaquín Prieto y José Luis Barbería desvelaron entonces la existencia de un compló ultra para matar a la Familia Real, al presidente y a la cúpula militar durante el Día de las Fuerzas Armadas.El Gobierno reaccionó entonces ante la noticia con declaraciones que aparentaban desmentidos, aunque no eran tales si se analizaban. El 24 de abril de 1991, ante la Comisión de Justicia e Interior del Congreso, el ministro José Luis Corcuera dijo que "el Ministerio del Interior no realizó ningún tipo de investigación, que conste, sobre un posible atentado al jefe del Estado porque nunca se tuvo indicio alguno de que un hecho de esa naturaleza fuera a producirse".

Naturalmente, "el Ministerio del Interior no realizó ningún tipo de investigación" porque ésta corrió a cargo del servicio secreto Cesid, que dirigía Emilio Alonso Manglano y estaba encuadrado en el Ministerio de Defensa. La pelota quedó, pues, en el tejado del ministro de Defensa, Julián García Vargas, quien respondió a otra pregunta en el Congreso el 7 de mayo de 1991.

"No hay ninguna constancia de ningún acto con valor jurídico dirigido a ese fin. Si esa maquinación existió, que no hay ninguna prueba legal de ello, no fue puesta en práctica jamás, ni siquiera en sus detalles más preparatorios", dijo García Vargas. El ministro hiló muy fino, al contestar. El Cesid, que no es la policía judicial, trabaja con información, obtenida muchas veces mediante procedimientos que no pueden ser explicados, y no con "pruebas legales" ni "actos con valor jurídico". Si el Gobierno hubiera dispuesto de pruebas, no habría tenido más remedio que llevarlas ante el juez.