El Poder Judicial indagará sobre la falta de respeto a los derechos de los presos

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Javier Delgado Barrio, se entrevistó ayer con representantes de 30 asociaciones solidarias con los derechos humanos de los presos, encabezados por Enrique de Castro, de la coordinadora de barrios, quienes denunciaron la desidia judicial en la tramitación de las reclamaciones de los presos. Delgado pidió una lista de quejas concretas y se comprometió a investigarlas, así como a tenerlas en cuenta en los planes del Consejo de formación de jueces.Delgado, acompañado de los vocales Ramón Sáez y Benigno Varela, portavoz del Consejo, escuchó las manifestaciones de sus visitantes, que la jornada anterior protagonizaron un encierro en la madrileña catedral de La Almudena, con asistencia de más de mil personas, en solidaridad con las huelgas de hambre y patio realizadas en los últimos meses por algunos presos. Trasladaron al CGPJ las protestas contra los malos tratos y las denigrantes condiciones de los reclusos, en especial los catalogados en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (FIES), que suele discriminar a "los más reivindicativos", por lo que lo creen ilegal.

Según Castro, el presidente del CGPJ se mostró especialmente sensible a las quejas contra muchos jueces de vigilancia penitenciaria y de instrucción, por no motivar suficientemente sus resoluciones y no tramitar las denuncias de los presos mientras que, en cambio, son diligentes con las de los funcionarios de prisiones. En concreto, se recordó la denuncia al juzgado de guardia de nueve presos ante la extrema debilidad de un joven de 17 años que estaba siendo apaleado y que pocos días después apareció muerto, sin que se hubieran tramitado las denuncias.

También denunciaron la situación de los presos con enfermedades terminales a los que no se les concede la posibilidad de acceder a la libertad condicional por padecimientos incurables. Castro y miembros de otros colectivos que llevan años trabajando con jóvenes de los barrios más desfavorecidos de Madrid y de otras comunidades autónomas llamaron la atención sobre un dato que debe promover la reflexión: "El 90% de los 55.000 presos españoles son jóvenes veinteañeros de origen pobre y un 70% de los delitos tiene que ver con problemas de drogadicción".