El Gobierno se compromete a una próxima devolución del patrimonio incautado a los partidos en la guerra
El Gobierno se comprometió ayer a agilizar la devolución del patrimonio a los partidos que les fue incautado durante la guerra civil. Así lo manifestó ayer el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, al presidente de Unió Democrática de Catalunya (UDC), Josep Antoni Duran i LLeida, y al portavoz adjunto de CIU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, en el encuentro que mantuvieron una delegación de este partido con otra del PP, encabezada por Álvarez Cascos y el coordinador general del partido del Gobierno, Ángel Acebes.Aunque Duran no precisó fechas a los periodistas, manifestó que sería en breve plazo, al inicio del próximo periodo de sesiones. La medida afecta directamente, además de UDC, al Partido Nacionalista Vasco (PNV), al PSOE y a Ezquerra Republicana de Catalunya (ERC).
Con esta medida, el Gobierno cumple uno de los puntos acordados con el PNV en el pacto de investidura del pasado mes de abril. Las conversaciones avanzadas sobre esta cuestión se interrumpieron durante la negociación presupuestaria para 1998 con el objetivo de desvincularlas. Duran insistió ayer en que el acuerdo alcanzado con Álvarez Cascos no es una contraprestación a cambio de algo sino el cumplimiento de un compromiso previo.
El Gobierno regulará la devolución del patrimonio incautado a través de un proyecto de ley que previsiblemente constará de dos artículos en los que se reconocerá la existencia de un patrimonio incautado a los partidos durante la guerra civil y en los que se establecerá la metodología para devolverlo.
La regulación delimitará quienes son los beneficiarios de la ley. Con ello trata de evitarse que se multipliquen las demandas, incluso de particulares. Serán sólo partidos que puedan acreditar que existió tal incautación. En este sentido, las conversaciones del Gobierno con el PNV y Unió están muy avanzadas. El PNV ya presentó, incluso, un inventario muy detallado, que concretaba en una reclamación de 5.000 millones de pesetas. Con el PSOE los problemas son mayores porque este partido compartía sedes y bienes con la UGT, que ya resultó beneficiada hace años con la devolución del patrimonio sindical, y en cuanto a ERC ha sufrido una reciente escisión que plantea ciertos problemas de titularidad.
