Justicia para Banesto

EL JUICIO oral del caso Banesto que empieza hoy es, en sí mismo, una victoria del funcionamiento de la justicia. Ha sido la firmeza de la Sala de lo Penal, Sección Primera, de la Audiencia Nacional la que ha llevado, con la mayor parte de la causa ya instruida, a poner el pasado verano una fecha concreta, el 1 de diciembre. Hasta el minuto final hubo serias dudas sobre el cumplimiento de la fecha. El propio Mario Conde, ex presidente de Banesto, aseguró desde su finca de Pollensa, en Mallorca, a finales de agosto, que "no será posible celebrar [el juicio] en 1998". Pues bien, sus augurios sobre el inevitable retraso no se han cumplido, y la diligencia de sala resolvió los problemas jurídicos pendientes.Tales problemas no eran baladíes. La instrucción de la causa principal requirió un año y medio de trabajo. El juez Manuel García-Castellón, sensible a la rapidez de la instrucción, abrió Juicio oral en mayo de 1996 contra Conde, Arturo Romaní, Rafael Pérez Escolar, Fernando Garro, Juan Belloso, Enrique Lasarte, Ramiro Núñez y Eugenio Martínez Jiménez. A la luz de la primera comisión rogatoria enviada a Suiza, que llegó a España tras concluir las diligencias, después de que Conde y sus amigos lograsen retrasarla casi año y medio, se abrió el camino para definir la participación de otras dos personas en la presunta trama: el abogado Mariano Gómez de Liaño y el ex presidente de Asturiana de Zinc Francisco Javier Sitges. También Jacques Hachuel está inculpado por un delito de apropiación indebida.

Pero si la conducta de la Sala de lo Penal ha estado felizmente orientada por el principio de administrar justicia con rapidez -sin vulnerar los derechos de los acusados-, algo que no suele caracterizar nuestras costumbres judiciales, Conde y alguno de sus hasta ahora socios, como Gómez de Liaño, prefirieron el aplazamiento de la vista oral con diversos argumentos de oportunidad. Sus pretensiones no han sido admitidas por la sala. Los avatares típicos de cualquier instrucción, que tienden a retrasar el momento de inicio del juicio, se han agravado todavía más en este caso por las maniobras políticas ejercidas por algunos de los principales acusados -algunas de gran resonancia, como la entrevista cumbre celebrada en Moncloa el 23 de junio de 1995 entre el abogado de Conde Jesús Santaella, el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, y el presidente del Gobierno, Felipe González- y otras encaminadas a cambiar al juez instructor.

Por fin, parece haber llegado el momento de la verdad. El juicio oral estudiará un conjunto de operaciones presuntamente delictivas por valor de unos 16.000 millones de pesetas. Las pérdidas ocasionadas por la gestión de Conde y su equipo superaron los 605.000 millones, de acuerdo con las estimaciones del Banco de España. Muchas de esas pérdidas fueron el resultado de la interacción de Conde con personas y grupos que apoyaron su gestión en el banco -éste es el caso de Hachuel- y que aún siguen relacionados con él -como el caso de Pedro Pueyo, el hombre del grupo Oasis-.

Mario Conde está acusado de haber cometido, presuntamente, tres estafas, dos apropiaciones indebidas y varias falsedades contables; se pide para él una pena de prisión de 35 años. También se le imputan otras cinco presuntas estafas. Sobre tres de estas últimas (Locales Comerciales, Telson, Veblinsa), Conde no ha sido casi preguntado con ocasión de su única declaración -diciembre de 1994- El tribunal probablemente será sensible a los problemas de indefensión que se hayan podido producir por falta de correspondencia entre la instrucción y la imputación de los delitos en la Sala de lo Penal.

Pero que Conde sea el principal acusado no debe justificar que el juicio se convierta en un proceso a su figura pública -o a lo que queda-, sería un triunfo de quienes quieren confundir al ex presidente del banco intervenido con una suerte dé mártir o chivo expiatorio. No hay tal. La vista debe determinar si el ex presidente del banco y los otros acusados cometieron los delitos de que se les acusa, ni más ni menos; y en ella, los acusados deben gozar de las garantías procesales que marca la ley para todos los ciudadanos. Está claro que la gestión de Conde y su equipo fue catastrófica; la justicia debe aclarar ahora si los delitos existieron. Es vital que la credibilidad de la sentencia ante la opinión pública sea total.

Las dificultades y los retrasos de la Justicia para abordar los grandes casos económicos alimentan la desconfianza de los ciudadanos y refuerzan la creencia de que existen diferentes varas de medir: una para los delincuentes de poca monta y otra para aquellas personalidades que hasta hace poco tiempo fueron respetables y glorificadas. Ésta es una oportunidad histórica para demostrar que es posible una justicia rápida, que respete los derechos de los procesados, transparente y que pueda ser entendida por todos los ciudadanos.