Evitar todo compromiso con los parados

El Gobierno español se quedó solo en la cumbre de Luxemburgo al autoexcluirse de los principales compromisos de empleo. Pero antes y después del primer Consejo comunitario dedicado al paro, los miembros del Ejecutivo han dado giros y han realizado afirmaciones contradictorias. En las reuniones preparatorias, España sostenía que los planes de empleo debían ser nacionales y se oponía a fijar objetivos cuantificados de creación de puestos de trabajo. Sin embargo, en la última de ellas, celebrada el lunes de la semana pasada en Bruselas, suavizó su oposición. La actitud de los ministros de Economía y Trabajo, Rodrigo Rato y Javier Arenas, permitía pensar que el Ejecutivo había detectado la conveniencia de que el país con más paro de la Unión Europea no se opusiera a un mecanismo comunitario para impulsar el empleo.Rato y Arenas propusieron que el diálogo social se convirtiera en un pilar del acuerdo. Allí también, el 17 de noviembre, el ministro de Economía afirmaba: "No hay que tener miedo a los objetivos cuantificados [de empleo], pero éstos sólo son una parte de lo que tenemos que hacer".

Ese mismo día, el líder de la Confederación Europea de Sindicatos (CES), Emilio Gabaglio, manifestaba en Madrid que Alemania y España eran "los países más reticentes a fijar compromisos y objetivos de empleo", aunque mostró sus sospechas de que, al final, el cancillar Helmut Kohl tendría la habilidad suficiente para no quedarse fuera y que el presidente Aznar sería el más duro.

Gabaglio no se equivocó. Alemania "se apunta al baile", según la expresión de los negociadores franceses, principales impulsores de la cumbre. Y la reunión de Luxemburgo del día 21 concluye con el compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno de ofrecer, durante los próximos cinco años, reinserción laboral, formación profesional, reconversión profesional o empleo en prácticas a los parados menores de 25 años y de todos los que lleven más de un año en desempleo. Pero Aznar se opuso a la medida "por costosa" y logró quedarse fuera sin fijar el plazo en el que se puede cumplir.

Aznar afirmó que "sería un gran problema porque deberíamos incrementar el gasto [en políticas activas de empleo] en un 200% para cumplir el objetivo en cinco años", se preguntó qué significa "ofrecer un empleo" a un joven, y añadió que España "no podría prometer un trabajo a quien lleve seis meses desempleado".

España se autoexcluía así de los compromisos de empleo logrados en la primera cumbre que los Quince dedicaban en exclusiva a la lucha contra el. paro y en la que, también por vez primera, se diseñaban políticas activas y una estrategia coordinada de la UE sobre empleo.

Además de las oportunidades de empleo y reciclaje a los parados de larga duración, el Consejo de Luxemburgo acordó aumentar hasta un mínimo del 20% el porcentaje de los desempleados a los que se debe ofrecer formación; ajustar las cualificaciones escolares a las necesidades del mercado de trabajo; estimular la economía social, las iniciativas locales y los nuevos yacimientos de empleo; facilitar la reducción progresiva de la carga fiscal sobre el trabajo, sobre todo para puestos poco cualificados y poco remunerados; ampliar los préstamos del BEI (Banco Europeo de Inversiones) en la partida iniciativa para el empleo para beneficiar a las pequeñas y medianas empresas; e instar a los interlocutores sociales a negociar fórmulas flexibles sobre jornada y reducción del tiempo de trabajo y de las horas extraordinarias.

En la rueda de prensa final, Aznar justificó así la posición de España: "Puede ser divertido e interesante asumir responsabilidades que un país no se puede permitir". El presidente evitó concretar un calendario o el coste que tendría para España el cumplimiento de esas medidas.

Todo ello provocó la crítica más dura que los sindicatos han dirigido a Aznar desde que está en el Gobierno. Cándido Méndez (UGT) y Antonio Gutiérrez (CC OO) le acusaron de "haber hecho el ridículo" en Luxemburgo, de "haber intentado boicotear los acuerdos" y de haber demostrado que su defensa del empleo es "pura propaganda". También los partidos de la oposición -PSOE, IU, Nueva Izquierda e Iniciativa per Catalunya- censuraron la actuación del Gobierno.El ministro de Trabajo, Javier Arenas, que no estuvo presente en la cumbre, matizaba al día siguiente desde Sevilla que, "en ningún momento hay una exclusión de España de ninguno de los apartados de la cumbre, sino que se asumen todas las conclusiones". Arenas adquiría un compromiso que Aznar había rehuido hasta entonces: "Si podemos hacerlo en cinco años [aplicar las medidas de fomento del empleo], lo haremos, pero no hay ninguna predisposición a no hacerlo".

El apoyo que en un primer momento le dieron a Aznar sus socios parlamentarios quedó diluido el lunes. El presidente de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, y el conseller de Trabajo, Ignasi Farreras, afirmaron que la Generalitat catalana debe aplicar los compromisos adquiridos por la UE.