Vertebrar el diálogo en la Universidad
La Universidad está en ebullición. Los problemas y tensiones que se venían larvando en los últimos años han estallado e incluso protagonizan titulares de prensa. Sin embargo, la búsqueda de soluciones se ve bloqueada por la falta de canales y mecanismos de negociación que articulen la participación de todos los agentes. Sobre el papel existen organismos como el Consejo de Universidades, en el plano político e institucional, o las juntas de personal y la Mesa Sectorial de Universidad, en el plano sindical y laboral, que deberían articular los debates y negociaciones. Pero estos canales resultan inoperantes por falta de regulación adecuada.No es de extrañar que parezcan y desaparezcan "coordinadoras" de afectados por diversos problemas de carácter laboral, a menudo monoteimáticas, siempre coyunturales y sin una perspectiva global de los problemas de la Universidad. O que actúen grupos de presión corporativos, como la Federación de Asociaciones de Catedráticos de Universidad (FACU). En el ámbito institucional, también los rectores han organizado su propia coordinadora, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas. (CRUE).
Quizá sea esta falta de vertebración de la negociación en la Universidad una de las causas de que los problemas se eternicen hasta que acaban siendo noticia. Así, desde los comienzos de la LRU se echa en falta un modelo de financiación. Algo parecido puede decirse del sempiterno problema del profesorado no numerario (PNN), que la Administración cifra en la mitad del total. Y respecto al cual Administración, rectores y sindicatos coincidimos en la necesidad de afrontar inmediatamente este problema, habiendo alcanzado incluso, aparentemente, un amplio consenso alrededor de la propuesta lanzada y defendida por CC OO el curso pasado, basada en la creación de una nueva figura de profesorado laboral de universidad (PLU). Pero el problema sigue pendiente.Sobre cómo se ha llegado a esta situación de desvertebración, la historia de los últimos decenios ayuda a comprenderlo. La demanda de participación en los años setenta fue canalizada por la LRU a través de diversos órganos institucionales (juntas de gobierno, Consejo de Universidades), los cuales debieron asumir no sólo la representación académica e institucional, sino también la laboral. Posteriormente, varias leyes introdujeron canales de representación sindical, si bien nunca se reguló su articulación con los órganos institucionales.
Este equilibrio inestable se mantuvo, no sin tensiones, hasta hace meses gracias a la actitud corresponsable de las partes involucradas, a través de múltiples contactos bilaterales. Pero se rompe ante la actitud prepotente de la ministra Esperanza Aguirre ("la política universitaria la marca el MEC"), que a lo largo del curso pasado se enfrenta con los organismos de representación política, institucional, académica y sindical, al mismo tiempo que parece atender a determinados grupos de presión y asociaciones corporativas. Su repentino cambio de actitud del 24 de septiembre ("se requieren soluciones consensuadas") ha puesto aún más de manifiesto su desconfianza hacia los mecanismos orgánicos establecidos por la normativa vigente, puesto que, para desencallar los problemas, ha improvisado una comisión MEC-CRUE al margen de los canales orgánicos.
Quizá tenga razón la ministra en que los actuales canales de negociación son inoperantes. Pero la solución no es otorgar representatividad a los grupos corporativos o crear deprisa y corriendo comisiones ad hoc. La solución estriba en abordar la vertebración de la negociación en la Universidad, delimitando por un lado los canales de índole política, institucional, académica y laboral, definiendo por otro las competencias estatales, autonómicas y locales, y creando los mecanismos de articulación entre todas ellas.
