El Supremo comunica a Alberto Flores que debe ingresar mañana en la prisión de Soto del Real
Alberto Flores, uno de los condenados por el caso Filesa, ingresará mañana en la prisión de Soto del Real (Madrid), probablemente por la tarde, después de que ayer el Tribunal Supremo le notificara la sentencia. La ex coordinadora de finanzas del PSOE, Aida Álvarez, y su compañero Miguel Molledo, condenados a sendas penas de dos años y cuatro meses de prisión, solicitaron ayer a la Sala Segunda que les permita cumplir la pena de forma consecutiva, uno a continuación del otro, para poder cuidar de sus hijos, de cuatro y ocho años. El tribunal pasó inmediatamente la petición al ministerio fiscal.
Aida Álvarez y, Miguel Molledo tienen que cumplir las penas impuestas porque el exceso de cuatro meses sobre los dos años de condena impiden que se pueda aplicar la remisión condicional de la pena.La remisión condicional, institución por la que el condenado queda en libertad a condición de no volver a delinquir durante un periodo de tiempo determinado, tiene un límite de dos años en el nuevo Código Penal, y los cuatro meses de exceso determinan el ingreso en prisión de Aida Álvarez y Miguel Molledo. Según fuentes del Supremo, el tribunal pidió un informe al ministerio fiscal sobre la petición de Álvarez y Molledo. Por otra parte, Alberto Flores Valencia, citado a las once de la mañana de ayer en el Tribunal Supremo para ser conducido a prisión, no compareció a la hora prevista. En su lugar, se presentó su abogado, Jesús Silva, quien indicó que Flores se encontraba a esa hora en Alicante y pidió para su defendido un plazo de 48 horas para que pudiera terminar de arreglar sus asuntos persona les antes de ir a prisión.
La Sala Segunda ordenó que Flores compareciese personalmente ante el tribunal a lo largo del día, momento en el que se le notificaría la decisión respecto al plazo solicitado. El abogado de Flores hizo saber también al tribunal que el condenado había solicitado un indulto al Gobierno. Flores acudió al Supremo a última hora de la tarde, en tomo a las 20.00, y abandonó el palacio de justicia apenas cinco mi nutos después.
Además de recibir la notifica ción de la sentencia, que deberá empezar a cumplir mañana mismo en la prisión madrileña de Soto del Real, fue requerido para que pague, junto a Carlos Navarro y Luis Oliveró, la multa de 86 millones de pesetas que se les a impuesto.
Fuentes del Supremo manifestaron que todos los condenados habían presentado recursos de súplica contra la decisión de ingreso en prisión, que el tribu nal pasó a informe del ministerio fiscal.
El abogado Pablo Jiménez de Parga, defensor de Luis Oliveró, alegó también que su cliente su frirá un "daño irreversible" si ingresa en prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional, puede acordar posteriormente la sus pensión de la ejecución de la sentencia.
Razones para la suspensión
Utilizando los propios términos del tribunal, el abogado plantea a los tres magistrados que definan qué "cobertura legal" tuvo la decisión de la Sala Segunda del Supremo cuando decidió dejar en suspenso, "por razones de prudencia", la pena de inhabilitación especial impuesta al senador socialista Gonzalo Hernández Martín. Jiménez de Parga añade que si entonces hubo razones para suspender una pena de inhabilitación, "muchas más razones tiene que haber para suspender una pena privativa de libertad".El defensor de Oliveró esgrime también el auto de suspensión de la condena de siete años de prisión para al constructor Antonio Méndez Pozo, por el llamado caso de la construcción, en el que la Audiencia de Burgos decía que si un tribunal "tiene competencia para ordenar el ingreso en prisión, la tiene también para la excarcelación o la suspensión, en virtud de una causa justificativa y proporcional".
La Audiencia añadía que el perjuicio irreparable" era "evidente" en aquel caso, y que la suspensión de la pena no era un concepto extraño "respecto de resoluciones menos trascendentes, que no afectan tan íntimamente a la persona como puede suponer la privación de libertad".
El senador socialista Josep María Sala recordó en su recurso de súplica contra la orden de ingreso en prisión que el tribunal no le había respondido al escrito en el que denunció un error judicial en la sentencia de Filesa, al decirse en ésta que aparecía su firma en un acta de una junta de Time Export en la que en realidad no consta su rúbrica. Según su abogado, José María Cánovas, el derecho fundamental a la libertad de expresión de Sala debe prevalecer sobre "una interpretación rigorista y formal del Derecho".
El Tribunal emitirá probablemente hoy su opinión sobre las solicitudes de indulto realizadas por Carlos Navarro y por Alberto Flores.
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