Las asociaciones judiciales defienden la legalidad de la decisión del Tribunal Supremo

El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, manifestó ayer que las acusaciones de que la sentencia del caso Filesa responde a un "juicio político" son "infundadas, ya que la profesión de un acusado que se sienta en el banquillo no puede teñir todo el juicio de político". Por su parte, la portavoz de la Asociación Francisco de Vitoria, María Tardón, defendió, en declaraciones a Europa Press, que la decisión del Tribunal Supremo de ordenar el ingreso en prisión de los condenados en el caso Filesa se "ajusta estrictamente a la legalidad y al principio constitucional que obliga a dictar sentencias y ejecutarlas".

El portavoz de Jueces para la Democracia, José Antonio Alonso, matizó que la medida adoptada por el Supremo es legal, pero también lo hubiera sido la contraria, es decir que los condenados no ingresasen en prisión. Ha habido casos", arguyó, "en los que el Tribunal Constitucional ha aceptado el recurso y ha suspendido la ejecución de la sentencia", lo que, en opinión de Alonso, "hace inútil el paso por la cárcel, lo mismo que puede pasar con el indulto si el Gobierno lo decreta". Tanto el portavoz de la Asociación de la Magistratura como de la Asociación Francisco de Vitoria indicaron que quienes estimen que se han vulnerado derechos fundamentales pueden recurrir al Tribunal Constitucional.