El PP dice que van a la cárcel "cabezas de turco" por decisiones de otros

Andrés Ollero, portavoz de Justicia del Grupo Popular en el Congreso, mantuvo ayer la estrategia de tirar por elevación en el caso Filesa y, al comentar la decisión del Supremo para que migresen en prisión los condenados, aseguró que a la vista de lo ocurrido se tiene la impresión de que "se puede hacer todo siempre que haya una cabeza de turco que oportunamente soporte las consecuencias". Según Ollero, los condenados irán a la cárcel porque otros "se negaron a asumir toda responsabilidad política argumentando que esperarían a que los tribunales se pronunciasen". El portavoz del PP hacía con ello una clara referencia a Felipe González y Alfonso Guerra, como máximos responsables del PSOE cuando surgió Filesa.

Andrés Ollero recalcó su acusación al afirmar que parece "que determinadas personas acaban sufriendo las consecuencias de unas decisiones políticas que les desbordan a ellos y que adoptaron otras personas.El Gobierno como tal no manifestó ninguna opinión sobre el auto de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, abordado en los pasillos del Congreso se negó a formular cualquier declaración y dijo que no hacía "valoraciones sobre decisiones judiciales". Respecto a la actitud del Gobierno ante la petición de indulto de condenados por el caso Filesa, Álvarez Cascos dijo que "el Gobierno no se dedica a hacer profecías; ni comenta sentencias, ni hace profecías".

En la misma línea del Partido Popular, aunque con otros matices, el portavoz de Justicia de Izquierda Unida (IU), Pablo Castellano, afirmó que en el banquillo de Filesa "estaban ausentes los verdaderos responsables". El diputado de IU lamentó que los condenados de Filesa tengan que ingresar en la cárcel, porque "nadie con un mínimo de solidaridad puede alegrarse de que alguien vaya a prisión".

Según Castellano, él apoyaría, si existe alguna posibilidad, la petición de indulto que ha formulado el ex diputado socialista Carlos Navarro, porque, según dijo, "en la cárcel ni están todos los que son ni son todos los que están". Añadió que era partidario de que determinados delitos merezcan "con toda contudencia" el reproche social, pero añadió que el reproche social "no tiene que suponer en muchos casos la privación de libertad, que es una cosa demasiado grave que se debe utilizar para aquellos cuya conducta esté poniendo en permanente peligro la convivencia y suponga crear situaciones de riesgo". Desde Nueva Izquierda, Diego López Garrido juzgó la decisión del Supremo como acertada porque supone "aplicar la ley y evitar cualquier tipo de especulación sobre un tratamiento desigual a las personas por su carácter de personajes públicos o políticos".

Doble moral

La declaración más abrupta partió del portavoz del Partido Nacionalista Vasco (PNV), Iñaki Anasagasti, que criticó "la doble moral" del PSOE porque, según él, no se puede poner "un manto de armiño" en el debate del proyecto de ley de financiación de partidos políticos mientras "está viviendo una situación como ésta". A su juicio, "es una doble moral que el PSOE tiene que romper".Anasagasti acusó al PSOE de mostrar "falta de solidaridad" y de no tener "concepto de partido" por su comportamiento con Carlos Navarro, del que dijo que es "víctima de un silencio, aunque el menos responsable de esta situación y el que más amplia condena tiene".

Al preguntarle por los escándalos que han salpicado a otros partidos dijo que "no se puede comparar al muchacho que sustrae algo del monedero de su madre con Ali Babá y los 40 ladrones".

Para el portavoz de Coalición Canaria, Luis Mardones, la decisión del Supremo es razonable porque si la ejecución se interrumpiese "por un escrito de amparo ante el Constitucional estaríamos ante una grave alteración del Estado de derecho".

CiU marcó claras distancias respecto al resto de los grupos y no formuló declaración alguna en torno a la decisión del Tribunal Supremo.