La presidencia de la UE trata de salvar la cumbre del empleo con objetivos cuantificados

El presidente semestral del Consejo de la Unión Europea (UE), Jean-Claude Juncker, pugna por salvar la credibilidad de la cumbre especial sobre empleo que los Quince celebrarán el jueves y viernes. El primer ministro luxemburgués pretende mantener algunos objetivos cuantificados que los Gobiernos deberán alcanzar -lo que les disgusta-, arriesgándose si los incumplen a "recomendaciones" que serían auténticas sanciones morales. Pese a haber recibido un diluido apoyo en la cumbre previa de patronales y sindicatos del jueves, la ambiciosa propuesta de la Comisión al Consejo Europeo -los quince líderes- será decapada.

Un documento oficioso de la presidencia, preparatorio del Consejo jumbo (Economía y Trabajo) de hoy descarta ya la fijación de los objetivos globales propuestos por Bruselas: llegar a una tasa de empleo del 70%, aproximándose al 65% en cinco años, lo que supondría crear 12 millones de puestos de trabajo y un índice de paro del 7%, en lugar del 10% actual.

La mayoría de Gobiernos se opuso a esta cuantificación. Pero Juncker, un socialcristiano muy, social, se juega su prestigio en el envite. Ha salvado dos de las ideas iniciales, a las que se oponen algunos Estados y la patronal, pero respaldadas por Bruselas, los Gobiernos más socialdemócratas y los sindicatos.

Estos consideran que sin objetivos concretos y medios para controlar su ejecución, jamás nacerá un esbozo de política de empleo común, aunque sea sólo complementaria de las nacionales.

Ideas y alternativas

Una es la cuantificación -aunque suavizada- de tres objetivos sectoriales. Primero, el compromiso de "ofrecer una nueva oportunidad" a todos los jóvenes "antes de que hayan pasado seis meses en paro, en forma de empleo, formación, reciclaje, prácticas" o vías parecidas. Segundo, un similar compromiso de apoyo a los "desempleados adultos" de larga duración "antes de que hayan pasado doce meses en paro". Tercero, la promesa de "incrementar sustancialmente" el número de personas que puedan acogerse a la formación profesional, acercándose a un baremo de "alrededor del 25%" (el actual porcentaje español es del 13%).Varios Gobiernos, especialmente Bonn y Madrid, se han opuesto a estas medidas. Argumentan que la situación difiere en cada país. Otros, además -caso de España-, que su aplicación obligatoria sin financiación comunitaria adicional perjudicará a los Estados con más desempleo y menos disponibilidades financieras. Medios de la Administración española subrayaron también que, cuando se aplique el Tratado de Amsterdam, estas obligaciones podrán imponerse por mayoría cualificada. E incluso endureciéndolas, por ejemplo con la supresión del lenitivo "alrededor". ¿Quién las paga?", se quejaron, aludiendo a que no se aplica el principio comunitario de "suficiencia de medios".

Pero la Comisión madura alternativas que las hagan digeribles. Para el asunto más dificil, las alternativas a los parados de larga duración, se piensa en que éstas no costasen nada a la empresa que los contratase, manteniendo con carácter extraordinario su acogida al seguro de desempleo.

Juncker pretende también salvar el "método" de la Comisión, un método de vigilancia multilateral inspirado en el Tratado de Amsterdam y en el control del déficit de cara a la unión monetaria. Consiste en que los Estados deberán incorporar las orientaciones anuales de la Comisión en sus planes de empleo, fijando sus propios objetivos y los mecanismos para alcanzarlos.

Si no los alcanzan, se arriesgan a que un "examen anual común" evidencie que son incumplidores, una advertencia que disgusta a cualquier Gobierno "y da muchas bazas a la oposición", resalta un alto funcionario. Para suavizar el trágala, la presidencia ha obviado explicitar que el examen anual se concretará en "recomendaciones" a cada Gobierno, verdaderas sanciones morales, pero eso lo prevé ya el nuevo Tratado, cuya aplicación se pretende adelantar, sin esperar a su ratificación.

Diplomáticos españoles consideraron que este planteamiento va mucho más lejos del propio Tratado, pues éste no habla de obligaciones", sino de orientaciones a "tener en cuenta".

Reunión de Ecofin

La semana de reuniones comunitarias, con el empleo como telón de fondo, se incia hoy con el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de los Quince, que discutirán, entre otros temas, lo que se ha bautizado como Euro-X: la institución informal que reunirá a los países que se integren en el euro, informa Walter Oppenheimer. El Euro-X se convertirá en Euro-11 si se confirman los pronósticos de que sólo Grecia incumplirá los criterios de Maastricht y que el Reino Unido, Suecia y Dinamarca se mantendrán fuera por voluntad propia.El Euro-X es consecuencia del pacto alcanzado por franceses y alemanes sobre lo que los primeros denominan el Gobierno económico de Europa. Aunque ya casi nadie se acuerda, este Gobierno económico, como contrapeso al Gobierno monetario que tendrá el Banco Central Europeo, fue la gran excusa esgrimida por Francia para paralizar el Pacto de Estabilidad poco antes de que se acordara el Tratado de Amsterdam.

Los ministros tratarán también de la presidencia del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Fuentes españolas consideran que Pedro Solbes es el principal candidato para ocupar el puesto. Sólo un motivo puede impedir hoy a Rodrigo Rato presentar su candidatura: Solbes no acaba de ver la envergadura del cargo.