Tres años sabáticos

LOS JUECES que vayan a la política, aunque sea de forma tan aleatoria como aparecer en una lista electoral sin posibilidades estadísticas de resultar elegidos, tendrán derecho a tres años sabáticos -excedencia con sueldo- antes de regresar a la función jurisdiccional. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ayer cubrió en el Congreso de los Diputados su último trámite, no lo dice así de claro, pero, al establecer la excedencia forzosa pagada de quienes hayan fracasado en los comicios electorales p regresen de su mandato político, reconoce expresamente esa especie de regalo a los jueces y magistrados, en aras de no se sabe qué forma de en tender la independencia judicial. Si la vuelta al mismo puesto ocupado antes de la experiencia política era mala, los tres años de enfriamiento antes de incorporarse a la función judicial parecen sencillamente un estímulo.El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). ya criticó la medida cuando informó del anteproyecto de ley, sobre todo por el dispendio que significaba pagar a un juez durante tres años sin ningún rendimiento para los ciudadanos. El órgano de gobierno de los jueces, al que algún conocimiento debe reconocérsele en la materia, ofreció como alternativa que, antes de reincorporarse a la jurisdicción, la comisión de calificación del Consejo estableciera un puesto adecuado, alejado de las funciones políticas desempeñadas.

El Gobierno hizo caso omiso de estas y otras sugerencias y mantuvo en este punto su texto, con la complicidad no explicada de sus socios nacionalistas, decisiva en el caso de CiU. Finalmente no prosperó la escandalosa retroactividad introducida en el Senado, y de la que se habría beneficiado la propia ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante. No sólo esa enmienda -contra la que votó ayer el propio PP ante una derrota inevitable-, sino todas las innovaciones del Senado se quedaron en el tintero a falta de un solo voto.

A partir de su entrada en vigor, la nueva ley permitirá a cualquier juez en ejercicio negociar su entrada en cualquier lista de elecciones locales, autonómicas, generales o europeas, con la garantía de que una vez terminada su actividad política -incluso si ésta se limita a la propia campaña electoral- cobrará su salario durante tres años sin trabajar. Esta ley pretendía desalentar el viaje de ida y vuelta de los jueces a la política, por. la inevitable contaminación que produce sobre la imparcialidad exigida para el ejercicio de la jurisdicción. El efecto puede ser justamente el contrario.