Zedillo se enfrenta en México al primer gran pulso de la cohabitación

La recién estrenada cohabitación mexicana se enfrenta desde ayer su bautismo de fuego: el debate de la ley del presupuesto para 1998, que se ha convertido en la primera gran batalla entre el Gobierno y la Cámara de los Diputados, ahora controlada por la oposición. Los intentos por lograr consensos previos han fracasado y la lid promete ser intensa. Las fuerzas opositoras propugnan una reducción de las cargas fiscales y un incremento sustantivo del gasto social, lo que según el Ejecutivo pondría en peligro la recuperación que experimenta México tras la brutal crisis de diciembre de 1994.

De hecho, lo que los legisladores van a someter a discusión, por primera vez en los 68 años de reinado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), es la política económica del Gobierno. En un extremo de la cuerda está el presidente, Ernesto Zedillo, y su secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz, artífices de la estrategia de austeridad que ha permitido salir al país de un cataclismo financiero derivado del endeudamiento excesivo, que tuvo como consecuencia una devaluación de más del 50% del peso frente al dólar y un retroceso de la capacidad adquisitiva cercano al 30%.En el otro extremo se sitúan cuatro partidos, encabezados por el centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el conservador Partido de Acción Nacional (PAN), que consiguieron arrebatar al PRI la mayoría absoluta en las elecciones legislativas del pasado 6 de julio gracias, en buena medida, a las promesas de modificar el modelo económico y suavizar los rigores tributarios. En el ojo del huracán está el IVA, cuyo incremento del 10% al 15% minó considerablemente la popularidad del Gobierno.

Sin concesiones en impuestos

El pistoletazo de salida lo dio el martes el secretario de Hacienda al presentar formalmente a la Cámara la ley del presupuesto. Como estaba previsto, no hubo concesiones en las cargas impositivas: los ingresos tributarios, argumentó Ortiz, siguen dependiendo en un 40% del petróleo, son vulnerables y están muy mermados por la elevada evasión fiscal. Cada punto de reducción del IVA supondría dejar de ingresar a las arcas estatales 5.000 millones de pesos (unos 90.000 millones de pesetas). Junto a ello, la propuesta del ley establece un déficit público del 1,25% del PIB y un aumento del gasto social de un 10,3% en términos reales.El Gobierno no piensa bajarse del carro de la disciplina fiscal, que ha permitido que la economía mexicana tenga unas perspectivas de crecimiento cercano al 6,5% para este año y que haya resistido bien los huracanes financieros procedentes de Hong Kong.

Así las cosas, las grandes propuestas de la oposición o no han sido tomadas en cuenta o han tenido un pálido reflejo en el documento oficial, a pesar de que en las frecuentes reuniones sostenidas con las autoridades financieras los cuatros partidos fueron rebajando el alcance de sus demandas, entre las que figuran, además de la reducción y redistribución de impuestos, incrementos salariales o aumento de las partidas destinadas a Estados y municipios. Será, pues, en la Cámara donde se resuelva la partida, que exigirá del PRI toda su capacidad para buscar acuerdos. La ley debe ser votada antes del 15 de diciembre.

Las posiciones del Gobierno están respaldadas por los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, cuyos rápidos préstamos ayudaron a solventar la crisis. Las propuestas de la oposición cuentan con el apoyo de una población empobrecida que no acaba de notar en sus bolsillos la recuperación.

Zedillo ha pedido a la oposición que abandone "la demagogia" y ha advertido que convertir el presupuesto en "un inventario de buenos deseos" haría retroceder al país al tiempo del populismo, cuyas consecuencias aún se, están pagando. El PRD y PAN, por el contrario, creen que el Gobierno peca de intransigente y consideran que Zedillo no puede seguir sordo a las demandas de una sociedad muy castigada. Si para el presidente lo que está en riesgo es la estabilidad del país, para los partidos lo que está en juego es su credibilidad.