El nacionalismo y la via foral

Portavoz de su partido en el debate constitucional, Xabier Arzalluz fue el encargado de defender las aspiraciones nacionalistas desde un planteamiento que desconcertó a los demás partidos: el de la actualización de los derechos históricos de los territorios forales en el llamado Pacto con la Corona. Una idea que en el PNV había teorizado sobre todo el senador Mitxel Unzueta. La devolución de poderes -de acuerdo con la terminología anglosajona- se planteaba como un derecho, por oposición a privilegio, y sin pretensiones de exclusividad: "No nos molesta a los vascos el que otros pueblos exijan también su preautonomía en la medida que lo deseen, y puedan ejercerla, (...) entre otras cosas, porque la autonomía de los demás es garantía de la nuestra", dijo el portavoz del PNV ante el pleno del Congreso el 5 de abril de 1978. Y también, el 20 de junio de ese año, en la Comisión Constitucional: "Somos conscientes de que este tema, el de los derechos forales, no es exclusivo de los cuatro territorios forales históricos que superviven, tras la instauración del Estado liberal en España".El planteamiento foralista consistía, en esencia, en la reclamación de que la Constitución reconociera que el reino de España se había formado por agregación pactada (o sea, con condiciones) a la Corona española de territorios con identidad propia y, por tanto , que no existía una única soberanía, sino tantas como pueblos o naciones habían suscrito esos pactos constituyentes del Estado español. Ese pacto habría sido roto unilateralmente por el poder central, dando origen a la reivindicación nacionalista. La restauración de la situación anterior a la ruptura sería la forma de reconocer el carácter plurinacional del reino.

En sus memorias, Miguel Herrero de Miñón (Memorias de estío, 1993) ofrece un relato pormenorizado de las peripecias de la llamada enmienda foral, defendida por Arzalluz en el debate constitucional de 1978. La propuesta que Ajuriaguerra, Unzueta y Arzalluz le explicaron el 20 de enero de ese año se reducía, según él, a "aplicar en lo político y lo administrativo los mismos principios que regían en el campo fiscal en virtud del concierto económico". Es decir, una especie de "principio de subsidiariedad" según el cual, partiendo de la soberanía originaria de los vascos, éstos deciden traspasar a una entidad superior, el Estado, aquellas competencias que garantizan los intereses comunes, contribuyendo a los gastos que esa gestión acarrea. Para Herrero sólo la ceguera jacobina de su partido de entonces impidió la aprobación de un planteamiento que implicaba la aceptación por el PNV del principio de "integración voluntaria de los vascos en la Monarquía española y la consiguiente aceptación de su Constitución, con la eliminación del problema de la autodeterminación".

Es una opinión discutible a la vista de la justificación que acompañaba a la enmienda presentada por Arzalluz, y que comienza por reivindicar las guerras carlistas como respuesta al "expolio centralista a las formas propias de gobierno de los vascos", los cuales se vieron obligados "cuando menos en tres ocasiones a creer en la fuerza como último recurso de salvaguarda de su propia personalidad". Tuvieron que hacerlo, dijo Arzalluz, a la vista de que sus instituciones fueron "segadas en el siglo XIX por la fuerza de las armas", "sustituyendo la convivencia mutua de la unión en la persona del Rey por un esquema jacobino no sólo extraño, sino ajeno a la voluntad del pueblo vasco". Al plantear su reivindicación en ese terreno, a sabiendas de que hacía imposible la coincidencia con las principales fuerzas parlamentarias, especialmente por el intento de definir la autonomía vasca fuera del marco general de la Constitución, el PNV elegía por adelantado la ruptura del consenso, tal vez por considerar que ello le otorgaba mayor fuerza intimidatoria con vistas a la futura negociación de los contenidos de su autonomía. En todo caso, eso fue lo que ocurrió.

El PNV lamentó en su momento la falta de visión de centristas y socialistas, cuya cerrazón habría impedido que el nacionalismo vasco aprobase la Constitución. Algunas declaraciones posteriores de sus dirigentes parecen indicar, sin embargo, que el PNV nunca se planteó seriamente aprobarla. Arzalluz ha manifestado alguna vez que el objetivo era más bien conseguir que la clase política española hiciera por primera vez el debate sobre la singularidad vasca desde parámetros diferentes a los de la mera descentralización. Pero sabiendo que ellos, los nacionalistas, nunca podrían aprobarla porque equivaldría a aceptar que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español. De manera más explícita, en una entrevista con Juan G. Ibáñez reproducida en la serie Memorias de la transición, publicada por EL PAíS en 1996, Arzalluz reconoce que recibió con alivio la modificación introducida en el último momento por Adolfo Suárez y Landelino Lavilla en una redacción de la llamada enmienda foral que previamente había aceptado el PNV: esa modificación le permitía rechazarla.

Ello no impidió al PNV recurrir a la fórmula finalmente incluida como Disposición Adicional Primera ("la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales". Su actualización se llevará a cabo "en el marco de la Constitución y los Estatutos de Autonomía") para obtener, en la negociación del Estatuto de Gernika, un tratamiento diferenciado en materias como educación, policía autonómica o financiación de la comunidad, sobre las que la Constitución remitía a legislación estatal.

El PNV no respaldó en el debate constitucional el planteamiento de Letamendía sobre la autodeterminación. Más tarde, sin embargo, Arzalluz ha apelado simultáneamente al derecho de autodeterminación y a la restauración foral (es decir, a la vía liberal y a la historicista) como dos formas complementarias de reivindicar la soberanía. En la entrevista citada, por ejemplo, responde así a una pregunta sobre el Pacto con la Corona: "Éramos y somos partidarios del derecho de autodeterminación. La tesis de este país, antes incluso de la existencia del nacionalismo, era la de que se vivía en un régimen foral, en una co-soberanía en la que el pueblo daba al Rey determinadas atribuciones y si se atribuía otras que no tenía quedaba roto el pacto y se volvía a la soberanía originaria. Pero pensamos que era inútil plantear la autodéterminación. Lo que planteamos fue volver a la situación

anterior a las leyes derogatorias de los fueros vascos".

El argumento indica hasta qué punto , y al margen de que tal vez tenga razón Herrero al lamentar que no se hubiera seguido esa vía, que considera más integradora, era difícil para partidos constitucionalistas llegar a un acuerdo con un partido que invocaba como fuente de derechos mitos sin mayor fundamento histórico, como el de la soberanía primordial. En todo caso, las consecuencias políticas que se deducirían del reconocimiento de los derechos históricos reivindicado en 1978 se plasmaron en el Estatuto de Gernika de 1979: en el reconocimiento de la facultad de los vascos para autogobernarse, única forma imaginable de actualización de tales derechos.

Arzalluz ha justificado el recurso prioritario a la vía de la restauración foral con el argumento de que la reclamación vasca no es simplemente la expresión de la voluntad actual de los ciudadanos, como podía ser el caso de otras nacionalidades que en un momento toman conciencia de su singularidad, sino el resultado de la decantación histórica tras siglos de disfrutar de estructuras políticas propias. Al margen de las posibles implicaciones antidemocráticas de un argumento que antepone unos inconcretos derechos históricos de la nación a los muy concretos de los ciudadanos que la conforman, se trata de un razonamiento reversible: con el mismo fundamento podría invocarse la sedimentación histórica resultante de la secular convivencia de los vascos con el resto de los españoles -manifestada en el hecho de compartir la lengua, la religión y muchas pautas culturales, así como en la participación en las mismas empresas históricas- para afirmar la existencia de un indudable componente español en la plural identidad de los vascos de hoy.

La dificultad de un planteamiento soberanista vasco es que inmediatamente se le opone, con argumentos de similar peso, el planteamiento soberanista español. La autonomía refleja un compromiso entre ambos, y de ahí su superioridad como marco de convivencia. La formulación autonómica, esbozada ya en 1917 y desarrollada en- los años 30, fue el resultado de la maduración nacionalista y en particular de su reconocimiento del pluralismo de la sociedad vasca. Si ahora se reabriese el proceso constituyente vasco, como proponen Elkarri y sectores nacionalistas con el pretexto de la integración del mundo radical, se desembocaría, en el mejor de los casos, en algo no muy diferente a lo que supone el Estatuto de Gernika. En el peor, a la ruptura de la convivencia. Por eso, sibien la asunción por parte de HB y ETA del planteamiento de Elkarri podría considerarse un paso adelante, en el sentido de madura ción y adaptación al marco democrático, sería un paso atrás el nacionalismo democrático del PNV y EA. El deseo de buscar una ingeniosa salida jurídica a un problem político podría provocar efectos contrarios a los pretendidos: el descoyuntamiento del consenso básico forjado en tomo al Estatuto; y la exacerbación de la oposición de los navarros a la seguramente deseable relación institucional entre Navarra y Euskadi