Nada de nada

NI APROPIACIÓN indebida ni estafa: la acusación contra Sogecable, la empresa propietaria de Canal +, se ha desinflado tras el contundente veredicto -sin apelación posible- de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Han tenido que pasar más de 250 días de instrucción "errática" por parte del juez Gómez de Liaño, con el apoyo pertinaz de los fiscales Gordillo y Fungairiño, para que finalmente la sala impusiera la cordura. No está de más recordar que esta resolución coincide con el informe que elaboró ya en marzo la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, que dos sucesivos fiscales generales -Ortiz Úrculo y Cardenal- no han podido o querido imponer a sus subordinados.En nada queda la denuncia presentada el 25 de febrero por el director del semanario Época, Jaime Campmany, que sirvió a Gómez de Liaño para la inmediata apertura de diligencias, a las que sumó dos días después -todo ello con inquietante celeridad- la querella de un licenciado en Derecho de mala reputación en la que se acusaba al Consejo de Administración de Sogecable de "pérdidas muy importantes", cuentas "radicalmente falsas", apropiación indebida de 23.000 millones de pesetas, y de "abuso de la buena fe de los abonados" mediante una estafa en el IVA. Los querellantes invocaban la "alarma social". Y, efectivamente, la hubo: la suscitada por el concertado e injusto ataque contra un grupo empresarial que se ha caracterizado desde sus orígenes por tener sus cuentas limpias, como garantía de independencia frente al poder político de turno.

El auto deja claramente establecido que las fianzas entregadas por los abonados de Canal + no constituían un depósito, sino una garantía de devolución de los descodificadores y un seguro frente al deterioro de los mismos o el impago de las cuotas, y que por tanto podían ser libremente utilizados por la empresa. No hay, pues, "apropiación indebida" de unas fianzas que, por otra parte, se han devuelto siempre que un abonado se ha dado de baja, operación repetida en más de 400.000 casos. También queda en nada la acusación de estafa por apropiarse de cantidades cobradas en concepto de IVA. Los recibos, como indica el auto, dejaron meridianamente claras las cantidades que en cada caso respondían al bono mensual y al IVA. Una vez archivadas las dos acusaciones básicas, la sala deja en manos del nuevo instructor, Ismael Moreno, la decisión de completar el resto de la instrucción antes de tomar una decisión definitiva sobre otros aspectos menores.

Es el séptimo varapalo, éste sobre el fondo del caso, que recibe Liaño por una instrucción de la que quedó apartado al ser admitida la recusación presentada en su contra por el consejero delegado de Sogecable, Juan Luis Cebrián. La sala considera que, más allá de estas dos acusaciones básicas, la instrucción de Liaño se había, vuelto "un tanto errática y con peligrosa proximidad a una causa general" contra Canal + y sus directivos, una sospecha que este periódico ha denunciado en repetidas ocasiones. Ante la inexistencia manifiesta de materia penal, Liaño rebuscó para prolongar en último término la instrucción.

No se puede olvidar que la instrucción de Liaño ha sido utilizada para vilipendiar a un grupo empresarial de comunicación, y en particular a su presidente, Jesús de Polanco, al que ese juez impuso 200 millones de fianza, la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado y la prohibición de viajar al extranjero sin su permiso. Algunas de estas medidas cautelares han sido impuestas a otros consejeros de Sogecable. Y cómo no recordar que RTVE repitió en más de 60 ocasiones la entrada de Polanco en la Audiencia Nacional dentro de bloques informativos dedicados a la corrupción.

El caso, en sus aspectos fundamentales, se cierra en coincidencia con las tesis que siempre hemos defendido: que no había caso. Pero deben aclararse aún muchos aspectos, que ya no se refieren a los imputados, sino a los acusadores. Debe aclararse el comportamiento del Ministerio Fiscal, que, en contra del informe de la Secretaría Técnica y de las conclusiones aportadas por los peritos de Hacienda, ha defendido hasta el final las tesis de la acusación y se ha opuesto al archivo de la causa. También deberá aclararse qué secretario de Estado encargó el informe sobre el que se fabricaron las falsas bases del caso Sogecable, so pena de que sea el Gobierno el que quiera correr con esa responsabilidad.

Alguna corrección deberán hacer sobre anteriores declaraciones el vicepresidente primero del Gobierno, Álvarez Cascos, y muy especialmente la diputada Ana Mato, verdadero martillo del PP en el asunto y autora de ingeniosas frases que la llevaron a comparar el caso Sogecable con la presunta estafa de la cooperativa de viviendas PSV. ¿Se disculpará ahora por tamaña acusación? Debe aclararse cómo un juez pudo hacerse acreedor a siete desautorizaciones, siete, sobre decisiones adoptadas en el curso de la instrucción, incluyendo la decisiva de no archivar una causa en la que todo indicaba que no había materia penal. Lo que parecía a simple vista, y pensaban los abonados de Canal +, que su dinero estaba en los descodificadores, ha resultado ahora confirmado por el tribunal competente.

¿Tienen algo que decir los comentaristas radiofónicos o periodísticos que cada vez que salía el tema Sogecable preguntaban enfáticamente dónde están los 23.000 millones de las fianzas? Tendrá que aclararse el propósito último de los querellantes y su coro de replicantes, incluidos los que se rasgaron las vestiduras tras la aceptación de la recusación de Liaño con el argumento de que la ley no se aplicaba por igual a todos. Por supuesto que no: se estaba aplicando una vara especial contra Polanco y el grupo de empresas que preside -entre ellas, este periódico- Mientras todos ellos van pensándose la próxima bellaquería, sólo cabe felicitarse de que España siga siendo, a pesar de ellos, un Estado de derecho en el que los ciudadanos pueden defenderse frente a la arbitrariedad y la iniquidad. Eso, al menos, hemos ganado en estas dos últimas décadas.