El Poder Judicial pide que la ley de justicia juvenil reduzca a un máximo de 3 años el internamiento de menores de 18

El informe sobre la futura Ley Orgánica Reguladora de la Justicia de Menores, que estudiará el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su próximo pleno, pide que el máximo internamiento de los menores de 18 años sea de tres años. El anteproyecto de ley elaborado por Justicia fija en cinco años el tiempo máximo de privación de libertad de los menores. El informe del CGPJ, realizado tras consultar a los jueces de menores, es globalmente favorable al anteproyecto, que sólo ofrece "serios reparos de constitucionalidad" por pretender excluir de su aplicación a los mayores de 16 años que incurran en conductas terroristas.La comisión de estudios e informes del CGPJ ha preparado un texto de 51 fólios sobre el anteproyecto de ley que pretende cumplir el mandato del nuevo Código Penal, que elevó la mayoría de edad penal de 16 a 18 años. La entrada en vigor de esta medida quedó suspendida hasta que se regulara la responsabilidad penal del menor.

La gran mayoría de las medidas que, según el anteproyecto, podrán imponerse a los jóvenes de más de 12 años y menos de 18 son alternativas a la privación de libertad: tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día, tareas de fin de semana, libertad vigilada, convivencia con una familia o grupo educativo, prestaciones a la comunidad, tareas socioeducativas y privación de carné de conducir o licencia de caza. Además, se prevén una serie de internamientos en régimen abierto o semiabierto por un máximo de dos años y, en casos de conductas graves cometidas por jóvenes de 16 a 18 años, hasta cinco años en centro cerrado.

El informe del CGPJ propone reducir a tres años la duración máxima de tal internamiento en centro cerrado. Otra modificación que sugiere el CGPJ es que la permanencia de fin de semana en un centro o en su domicilio no tenga una duración superior a las 36 horas de la nueva pena de arresto de fin de semana que establece para adultos el Código Penal. El CGPJ propone además que se otorgue "una mayor flexibilidad al juez de menores a la hora de determinar los límites horarios de esta medida".

Para la elección por el juez de menores de la medida adecuada, el anteproyecto de ley establece que se deberán tener en cuenta los informes de los equipos técnicos y de las entidades públicas de protección y reforma. El CGPJ considera que "no siempre será necesario disponer" de ambos informes, por lo que sugiere que, en cuanto a los segundos se recaben "en su caso".

En conjunto, el anteproyecto de ley "merece una valoración sumamente favorable" al CGPJ, ya que se aparta de un tratamiento exclusivamente penal de las conductas de los menores y opta por un planteamiento "sancionador-educativo" y garantista.