El Ejecutivo quiere que la ley impida declararse Objetor de conciencia tras el sorteo de la mili

El Gobierno quiere reformar la ley de Objeción de Conciencia para que no sea posible declararse objetor tras el sorteo de la mil¡. Se trata, según fuentes gubernamentales, de atajar la objeción de conveniencia, la de aquellos jóvenes que esperan a conocer el destino que les ha correspondido en las Fuerzas Armadas para decidir si se hacen o no objetores. La reforma no podrá aplicarse a los 165.342 mozos que forman el contingente de 1998, de los que casi 17.000 (el 10%), elegidos en un sorteo el próximo 12 de noviembre, se librarán del servicio militar por excedente de cupo.

La actual ley de Objeción de Conciencia, de 1984, permite a los jóvenes declararse objetores "hasta el momento en que se produzca la incorporación al servicio militar". Por eso, Defensa no sabe con certeza cuántos de los mozos sorteados en noviembre de cada año acabarán incorporándose a filas, aunque la experiencia indica que, por distintos motivos, entorno al 20% no llega nunca a los cuarteles. El problema se agrava en los destinos incómodos, como Ceuta y Melilla, donde el porcentaje de no incorporados llega al 30%.Por razones básicamente económicas, el Gobierno ha recuperado este año la figura del excedente de cupo (el mozo eximido al azar de la mili), para librarse de los reclutas sobrantes por la reducción de las plantillas militares y el incremento de los soldados profesionales.

El decreto que será aprobado hoy fija en 165.342 el contingente de 1998 y en casi 17.000 los reclutas sobrantes, pero la cifra real es mucho más alta: las Fuerzas Armadas sólo necesitarán el año que viene 110.000 militares de reemplazo (90.000 diarios con un servicio militar de nueve meses), por lo que el verdadero excedente de cupo ronda los 55.000 jóvenes.

La diferencia entre los casi 17.000 que serán eximidos de hacer la mili el próximo 12 de noviembre, cuando se celebre en Madrid el sorteo público, y los 55.000 que realmente sobran constituye el colchón de seguridad que se reservan los ejércitos para compensar futuras bajas. En todo caso, para reducir este factor de incertidumbre y evitar que quienes no resulten agraciados en el sorteo se hagan objetores, los ministerios de Defensa y Justicia están de acuerdo en limi tar el periodo de tiempo durante el cual un joven puede declararse objetor, de forma que no sea posible hacerlo tras la asignación de destino.

Se trata de que sólo los que opten por cumplir la mili puedan encontrarse con el regalo inesperado del excedente de cupo, mientras que los objetores cumplirían en todo caso la prestación sustitutoria.

Proposición aparcada

La reforma no podrá aplicarse a la quinta de 1998, ya que antes habrá que modificar la ley de Objeción de Conciencia. El Congreso está tramitando actualmente una reforma de dicha ley como consecuencia de la proposición que presentó CiU en mayo del año pasado y el pleno de la Cámara admitió por unanimidad en noviembre.Durante los once meses transcurridos desde entonces, el proyecto ha estado aparcado en la Comisión Constitucional del Congreso, sin que todavía se haya reunido la ponencia encargada de examinar las enmiendas, debido a las discrepancias entre el PP y sus aliados nacionalistas catalanes.

Esta situación no puede mantenerse durante mucho más tiempo, por lo que el Gobierno, que ha terminado por aceptar la equiparación de la mil¡ y la prestación sustitutoria, que ahora dura cuatro meses más, quiere a cambio impedir que un joven pueda hacerse objetor después del sorteo.

El problema radica en que para sacar adelante esta reforma difícilmente puede contar el PP con el apoyo de sus socios de CiU, que no sólo defienden el derecho a hacerse objetor hasta la incorporación, a filas sino incluso después de ingresar en el Ejército, la llamada objeción sobrevenida.

Respecto al PSOE, su ponente en este proyecto, Carmen del Campo, asegura que su grupo es, "en principio, contrario a cualquier restricción del derecho a la objeción de conciencia" y que, puesto que el servicio militar debe ser suprimido en el año 2003, la única modificación importante que requiere la ley actual es el acortamiento de la prestación sustitutoria.

Además, se da la circunstancia de que la reforma que ahora pretende el Gobierno ni siquiera fue planteada por el Grupo Popular cuando se presentaron las enmiendas al texto de CiU, el pasado mes de marzo.

Para sacarla adelante, el PP necesita que otro grupo acepte su propuesta en forma de enmienda transaccional. En caso contrario, deberá esperar a que el proyecto llegue al Senado para plantearla.