Portugal ofrecerá a sus funcionarios la semana de cuatro días voluntaria
Inspirándose en el modelo belga de 1995, el Gobierno portugués propondrá al Parlamento la semana de cuatro días para los funcionarios desde 1998 con el fin de crear 200.000 empleos hasta el año 2004, según confirmó ayer el ministro de la Presidencia, Jorge Coelho. Portugal se une así a las propuestas de reducción de jornada en Francia e Italia, que siguen cosechando críticas, entre ellas la del presidente de Fiat, Gianni Agnelli, y el comisario europeo de Industria, Martin Bangemann, quien cree que es "un veneno para el empleo".
La semana laboral de cuatro días en la Administración Pública será voluntaria. El Gobierno portugués pretende con esta posibilidad reducir el impacto del desempleo (Portugal tiene oficialmente una de las tasas más bajas de la UE, con un 6,5% de la población activa) y modernizar su desafasada y burocratizada maquinaria estatal.El proyecto socialista ha sido inicialmente bien acogido por los agentes sociales del país, si bien los sindicatos consideran prioritario reducir la jornada laboral y aumentar los salarios en todo el espectro laboral (la jornada suele sobrepasar las 40 horas reguladas y los salarios son de los más bajos de la UE). A juicio del ministro de la Presidencia, los funcionarios públicos "deben contribuir al esfuerzo general del combate con tra el paro" conservando siempre a la Administración pública "como una de las grandes fuentes de empleo del país".
El programa consiste en que cada funcionario de la Administración pueda acogerse voluntariamente a la semana de cuatro días, con lo cual verá reducido su sueldo en tomo a un 10%, pero conservando sus derechos de jubilación y pensiones.
Siguiendo el modelo belga, que por cierto no ha cosechado excesivo éxito, por cada cuatro trabajadores que se acojan a este esquema se creará un nuevo puesto de trabajo según el proyecto luso. Cada funcionario podrá revocar su decisión al cabo de un año y volver a trabajar cinco días.
Con esta medida y un proyecto complementario de trabajo a tiempo parcial, el ministro de la Presidencia cree que en los próximos siete años se podrán crear 200.000 nuevos puestos de trabajo en la Administración que, de esta forma, conseguirá renovar sus cuadros y aumentar la eficacia de todos sus servicios.
Aunque las cifras son consideradas "demasiado optimistas" y hasta "irreales" por algunos sectores sindicales, el anuncio del proyecto no ha provocado hasta ahora ninguna protesta o contestación en medios políticos o laborales.
[Los proyectos para la implantación en Francia e Italia de la reducción de jornada sigue encontrando detractores. El comisario europeo de industria, Martin Bangernann, declaró ayer en Bruselas que "todas las experiencias demuestran que reducir el tiempo de trabajo no reduce el paro, al contrario". Bangemann criticó "la hipocresía" de los sindicatos y de los políticos, que afirman que su prioridad es bajar el desempleo mientras "hacen exactamente lo contrarío de lo, que se debe hacer", y calificó el recorte de jornada como "un veneno para el empleo".
También ha criticado las iniciativas de los gobiernos francés e italiano Gianni Agnelli, presidente de honor del grupo Fiat, quien asegura que Italia corre el riesgo de perder competitividad frente a otros países como Estados Unidos si se generaliza la jornada semanal de 35 horas.
"La jornada media en Europa es ya inferior a la de Estados Unidos", ha declarado al periódico Repubblica. El presidente de la patronal Cofindustria, Giorgio Fossa, calcula en unos 30 billones de liras (2,5 billones de pesetas) el coste para las empresas italianas de una generalización de las 35 horas, ya que aumentará los costes laborales entre un 10% y un 15%.
Ese coste ha sido desmentido desde el Gobierno. El ministro de Trabajo, Tiziano Treu, calificó el cálculo de "grito de alarma de la patronal carente de fundamento ". El ministro aseguró que no se basa en datos reales, sino "en el miedo".
Pese a un primer rechazo frontal a la decisión del Gobierno, la patronal ha decidido reunirse con los sindicatos CGIL, CISL y UIL el próximo martes para discutir el asunto. Cofindustria quiere un documento que asegure que el proyecto de ley para regular las 35 horas sea puesto a punto sólo después de un eventual acuerdo entre los agentes sociales.
"No estamos en contra de las 35 horas. En nuestras empresas hasta se trabaja menos horas, pero siempre es fruto de un intercambio. De otra forma, adquiere un coste insoportable", [ha declarado Giorgio Fossal].
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