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Frágil, Manejar con cuidado

Los partidos políticos han levantado la veda sobre las cajas de ahorros. Negar que el poder político siempre ha jugado un papel estelar en la toma de las decisiones de estas entidades es absurdo. Pero siempre se había respetado un equilibrio entre los representantes puramente políticos, los de los trabajadores y los de los impositores. Sin embargo, ese equilibrio se está empezando a quebrar por el ímpetu intervencionista de los políticos.Esta fiebre por la intervención, que se ha disparado en los últimos meses, comenzó por la Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Popular, adalid del liberalismo. El Ejecutivo de Eduardo Zaplana redactó una ley que pone en manos de las Cortes el control de las entidades. Con un agravante. No respeta la proporcionalidad parlamentaria. Afortunadamente, el PP y el PSOE llegaron a un acuerdo posterior para recuperarla. Pero el texto y el precedente, ahí quedan.

El furor intervencionista rápidamente se trasladó a Castilla y León. El Gobierno de Juan José Lucas presentó a las cajas de la región un acuerdo marco que las obligaba a destinar el 80% de sus recursos propios a los sectores y empresas que designara. Posteriormente se suavizó el documento, a pesar de lo cual la Junta sigue conservando bastante poder sobre las cajas.

El PSOE tampoco ha perdido ocasión para exhibir la vena intervencionista. El ejemplo más evidente está en la ley y el reglamento que ha aprobado José Bono en Castilla-La Mancha. Ambos textos son un traje a medida para recuperar la presidencia de la Caja de Castilla-La Mancha. La guinda la ha puesto CiU, con la pretensión de la Generalitat de controlar el 20% de los recursos de la obra social de las. cajas catalanas.

Los políticos no deben olvidar que introducir turbulencias en un sistema complejo es peligroso. Y si lo que pretenden es reformar el mundo de las cajas, que lo hagan por consenso. Hay mucho en juego. El 50% del sistema financiero.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 17 de octubre de 1997