Los locales públicos deberán sustituir sus cañerías de plomo

Todos los locales públicos deberán retirar las cañerías de plomo para la conducción de agua destinada al consumo humano, en un plazo que en principio se fija en 15 años. Así lo indica el proyecto de directiva europea sobre potabilidad del agua destinada al consumo humano que casi con toda seguridad recibirá hoy el apoyo de los quince socios de la Unión Europea.La nueva directiva elimina algunos de los parámetros de la directiva actualmente en vigor e introduce nuevos productos prohibidos (acrilamida, epiclorhidrina, cloruro de vinilo, benzopireno, tetracloroeteno, trocloroeteno y 1,2 dicloroeteno). También endurece algunas de las condiciones actuales. Ése es especialmente el caso de la presencia de plomo en el agua, que ve reducido su actual umbral de 50 microgramos por litro a 10 microgramos por litro.

Impacto económico

La directiva tiene un gran impacto económico, porque obliga a sustituir las cañerías de plomo en todos los establecimientos públicos: bares y restaurantes, hoteles, hospitales, fábricas de alimentos y conservas... La, norma no obliga a la sustitución de los conductos en las casas particulares, pero sí en las redes de distribución desde las plantas potabilizadoras hasta las acometidas de las casas y pisos. En el caso de los particulares, los expertos aconsejan no consumir el agua que ha quedado estancada durante la noche, porque es la que más cantidad de plomo contiene. En esos casos lo más adecuado es dejar correr el agua hasta que la que sale por el grifo proceda directamente de la acometida general.Aunque en países como España hace ya 30 años que no se instalan tuberías de plomo en la obra nueva, la Comisión Europea considera que la sustitución de toda la red de plomo aún existente en la Unión Europea requerirá unas inversiones de 69.769 millones de ecus (11,5 billones de pesetas) en los próximos 20 años. Para España la cifra asciende a 9.116 millones de ecus (1,5 billones de pesetas), de los que casi 1.000 millones corresponden a la sustitución de las cañerías de las redes de conducción y a la renovación de las plantas potabilizadoras. La directiva prohibirá la utilización de cloro para potabilizar el agua. Este método tradicional será sustituido por ozono y ultravioletas.

La directiva plantea también problemas en la normativa del mercado interior, ya que permite que un Estado miembro endurezca las condiciones generales que se aplicarán a escala europea. Eso signfica que los alimentos fabricados bajo la normativa europea pueden estar prohibidos en aquellos países que opten por normas más ambiciosas. Ese, junto al plazo transitorio para adpatarse a la nueva norma (de 15 a 20 años), es el principal escollo que deberán superar hoy los ministros de Medio Ambiente para llegar al acuerdo definitivo en torno al texto propuesto por la Comisión.