El Gobierno asegura que el padrón de 1996 no afectará a la financiación de las autonomías

El padrón de 1996, cuya publicación en el BOE retiene el Gobierno, no afectará a la financiación autonómica que perciban las comunidades, según asegura el Ejecutivo. El Gobierno dice que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), de febrero de 1996, acordó que, para el quinquenio 1997-2001, el porcentaje de participación se calculara con las mismas variables y ponderaciones que en el quinquenio anterior. La Junta de Andalucía, gobernada por el PSOE, cuestiona el papel decisorio del CPFF y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional por no valorar la variable de población.

EL PAÍS publicó ayer que las comunidades autónomas dejarían de ingresar 93.105 millones anuales al no tener en cuenta el aumento de la población. Esta cifra, calificada de falsa por el Ejecutivo, se deriva -aunque ayer EL PAÍS no citaba el origen de la información- de una interpretación de técnicos de la Junta de Andalucía, que dividieron por cinco los 465.525 millones que, según ellos, dejarían de percibir las 15 autonomías de régimen común al no tenerse en cuenta el aumento de población desde 1988.El Gobierno parte de la base de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), del 23 de fe brero de 1996, acordó que para el quinquenio 1997-2001 se calculara el porcentaje de participación de las comunidades autónomas con "las mismas variables, valores y ponderaciones que en el quinquenio anterior". Según interpreta el Gobierno, "ni la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) ni el acuerdo del CPFF disponen que la variable de población deba actualizarse posteriormente en función de los censos de población".Pero, por encima de las cifras, -una proyección de la aplicación de la variable población sobre la financiación de las comunidades- la polémica abierta entre el Gobierno y algunas comunidades se centra en la influencia de la variable de población sobre el modelo de financiación. El Gobierno estima que no debe influir y la Junta de Andalucía cree que sí. Las discrepancias están ahora pendientes de dirimir en el Tribunal Constitucional, tras el recurso presentado por la Junta al no asumir el Gobierno la variable de población.

A juicio del Ejecutivo, "en nada influye que la nueva renovación padronal que vaya a aprobar el Gobierno tenga más o menos población que la anterior" pues, en su opinión, la financiación que perciben las comunidades autónomas depende "de las cuotas líquidas declaradas por los residentes de cada comunidad autónoma cada año del quinquenio y de cómo evolucionan el ITAE (suma de los ingresos del Estado por los impuestos, directos o indirectos, las cuotas de la seguridad social y las cotizaciones al desempleo)".

Sin embargo, la Junta de Andalucía no acepta esta posición del Gobierno y la ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Magdalena Álvarez, manifestó ayer que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene poder decisorio sino consultivo y, por tanto, no puede aceptarse como válido el rechazo de la variable de población, informa Juan Méndez. Álvarez resaltó que "el Gobierno central está aplicando una regla de evolución 'ilegal' dado que, al no haberse suscrito por parte de Andalucía el nuevo modelo, la evolución de los ingresos debe realizarse -según ordena el artículo 13 de la LOFCA- sobre los Ingresos Totales del Estado (ITE), y no sobre el PIB como el ejecutivo de Aznar ha liquidado el presente ejercicio".

Álvarez recordó que la Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional esta aplicación "unilateral" del Ejecutivo central para calcular los ingresos que Andalucía debe recibir de las arcas del Estado. "Estarnos recibiendo menos dinero, no porque nos equivocáramos al no aceptar el nuevo modelo sino porque nos están quitando el dinero al aplicamos una regla sin fundamento legal y al margen de la LOFCA", afirmó la consejera Álvarez.