El Gobierno da marcha atrás en la ley sobre asilados políticos y en la regulacion del himno

El Gobierno introdujo ayer importantes cambios en el decreto que aprobó sobre la regulación del himno nacional y dejó la puerta abierta a sustanciales modificaciones en la ley que permite la expulsión de asilados políticos. La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, admitió que las partes más duras de su proyecto serán alteradas durante la tramitación parlamentaria. En lo que respecta al himno, ni será obligatorio que suene en todos los actos a los que asista el presidente del Gobierno ni tampoco los asistentes tendrán la obligación de ponerse en pie, al contrario de lo que decía el borrador del decreto. La presión de sus aliados nacionalistas ha sido decisiva en el cambio del Gobierno en ambos casos.

El Consejo de Ministros de ayer fue una reunión plagada de modificaciones. A su término, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, compareció ante los medios de comunicación para manifestar que estaba abierta a las modificaciones que fueran necesarias en el proyecto de Ley Orgánica de Cooperación Jurídica Internacional, que permite la extradición de asilados políticos y que el jueves sufrió un fuerte varapalo a su paso por el Congreso, donde se salvó por 12 votos de que triunfaran las enmiendas a la totalidad, gracias al apoyo de CiU al Gobierno."El proyecto está ahí para que sea enmendado", dijo la ministra. Para ese momento, CiU ya había anunciado la presentación de un centenar de enmiendas parciales al proyecto.

La ministra admitió que los artículos 13 y 34, los considerados más duros por la oposición y sus socios nacionalistas, "pueden ser modificados y perfeccionados" en su tramitación parlamentaria. El artículo 34 establece que "puede concederse la extradición de una persona asilada en España si los hechos que fundamentan la solicitud no tienen relación alguna con los hechos y motivos que permitieron conceder el asilo y no existen motivos para sospechar que en el proceso que ha de seguirse no se han de respetar las garantías mínimas".

El artículo 13 establece que se denegará la solicitud de cooperación cuando se refiera a un delito político", pero añade que tal norma "no será aplicable en las relaciones con los Estados miembros de la Unión Europea y los Estados parte en los Pactos de Schengen, así como en las relaciones con los Estados de la Comunidad Iberoamericana, cuando así se estableciese en un tratado o existiese reciprocidad".

Margarita Mariscal trató de justificar el artículo 34 al señalar que el "estatuto de asilado no da patente de corso" y matizó que la decisión de extradición, en un caso en el que "pueden haberse producido violaciones u homicidios, no depende del Gobierno sino de la Audiencia Nacional, de los jueces". Pidió a los críticos que se releyeran algunos de los tratados firmados por España con Chile y Argentina, por ejemplo, en los que "se recoge la misma figura". No obstante, insistió en. que tales artículos "pueden ser modificados" y serán "los parlamentarios quienes decidan sobre ello en su tramitación".

Cuando se le preguntó a la ministra si no pensaba que el artículo 34 podían vulnerar los tratados internacionales, señaló: "El proyecto de ley no se ha hecho pensando en agradar o desagradar a Bruselas sino porque era necesario. Existe una ley de extradición en vigor que se trata de mejorar".

La ministra expresó su sorpresa por la dura reacción de sus socios de CiU ante este proyecto. "Me extraña", dijo Mariscal, "porque llevo mucho tiempo hablando con CiU". Manuel Silva, portavoz de CiU, señaló el jueves que su grupo "iba a dar la vuelta como un calcetín" a este proyecto de ley, e Ignasi Guardans anunció ayer la presentación de un centenar de enmiendas. Éste dijo que compartía "en un 90% las críticas formuladas contra la ley por el PSOE y Amnistía Internacional".

También el decreto sobre la regulación del himno nacional que salió aprobado de la reunión tenía diferencias muy sensibles con el borrador, que había levantado una borrasca en los aliados nacionalistas del Gobierno, CiU y PNV.

El decreto aprobado ayer ha eliminado la expresión del borrador que señalaba: "Durante la, interpretación del himno nacional de España, todos los presentes deberán permanecer en pie y en actitud respetuosa". El artículo 4 del decreto se limita a señalar: "La actitud de respeto al himno nacional de los asistentes los actos en que sea interpretado se expresará, en el caso del personal de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad, efectuando el saludo reglamentario.

También ha flexibilizado la fórmula de uso del himno nacional. El borrador obligaba a tocar el himno "en versión breve", de 27 segundos, en todos los actos oficiales con asistencia del presidente del Gobierno y en "versión completa", de 52 segundos, en todos los actos a los que asistan el Rey o la Reina. Sin embargo, el decreto aprobado ayer flexibiliza absolutamente su, uso al señalar que "el himno, nacional será interpretado cuando proceda", con lo que deja su uso en manos de los organizadores de los actos.

A renglón seguido, el decreto precisa que se interpretará en versión completa en los actos de homenaje a la bandera española; en los actos oficiales a los que asista el Rey o la Reina o en los demás actos previstos en el Reglamento de Honores Militares. Se interpretará en versión breve en los actos oficiales a los que asistan el Príncipe o las Infantas; en los actos oficiales a los que asista el presidente del Gobierno; en los actos deportivos o de cualquier otra naturaleza en los que haya una representación oficial de España o en los demás casos, previstos en el Reglamento de Honores Militares.

El secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Rodríguez, puso un ejemplo de uso del himno. "El presidente del Gobierno asistirá, el domingo a la Fiesta Nacional y se interpretará el himno nacional. Sin embargo, el jueves acude a un acto organizado por Cáritas y lo más probable es que no se interprete". Rodríguez matizó que "el decreto pretende regular lo que ya es un uso normal".