Bruselas vigila

TRAS UN periodo de tensiones y la rectificación por decreto de la Ley de Televisión Digital, la Comisión Europea ha archivado el expediente de infracción ante la garantía de que el Gobierno español no adoptará medidas discriminatorias en contra de un sistema de descodificación o de una determinada plataforma digital. Pero seguirá vigilante respecto a la aplicación de una ley sobre la que cabe "todavía albergar dudas", aunque se haya eliminado la "grave infracción" del texto original del 3 de mayo. Al menos, el Gobierno ha evitado el bochorno de verse llevado ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con petición por la Comisión de medidas cautelares. La Comisión Europea, en definitiva, ha declarado legal, abierto y compatible el descodificador de tipo Simulcrypt que utiliza Canal Satélite Digital y que el Gobierno de José María Aznar pretendió prohibir. Ha archivado la denuncia presentada contra la ley, pero con unas amonestaciones de una dureza que tiene pocos precedentes. Al menor "síntoma de ambigüedad", alertó ayer el comisario Monti, la Comisión reabrirá el expediente.Bruselas interpreta cómo se ha de aplicar la ley en conformidad con la normativa comunitaria, y de su mano, el decreto-ley de rectificación que convalidó el Parlamento queda bastante vacío de contenido. Incluso llega a declarar "no vigente" la decisión, cuando menos arbitraria, de denegar la inscripción a Canal Satélite que en su día tomó la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, y que sin duda hará meditar a sus miembros.

Bien está, aunque para este viaje el Gobierno no necesitaba tantas alforjas. Para favorecer a la plataforma digital que lidera Telefónica, incluso antes de su lanzamiento, y perjudicar a Canal Satélite Digital, en el que participa el Grupo PRISA, el Gobierno no dudó en hacer aprobar por el Parlamento una ley a sabiendas de que Bruselas forzaría su modificación. Los compañeros de viaje, y en particular Izquierda Unida, no pueden sentirse orgullosos de la bochornosa colaboración que han prestado a un Gobierno que ahora, como si él no hubiera actuado de pirómano, dice lamentar la politización del asunto. El vicepresidente primero y su ministro de Fomento abundaron ayer en falsas interpretaciones de lo que es la muy directa carta de la Comisión. Pero basta leer el texto enviado por Bruselas -que EL PAÍS ofrece íntegro- para entender que cualquier sonrisa del ministro Arias-Salgado no puede ser otra cosa que un simple tic nervioso.

En el camino para rectificar el error, el Gobierno ha perdido una dosis de credibilidad en Europa que quizás eche en falta en los tiempos venideros. Lo que no esperábamos hace un año es que Bruselas fuera a tener que desempeñar el papel de garante del Estado de derecho, pero ¡menos mal que España pertenece a la UE!