"¿Quién nos devuelve a nuestros muertos?"

Ya no creo en la Justicia". Carmelo Vaquero, el padre de Jaime, la primera víctima del aceite de colza adulterado, era así de rotundo al mediodía de ayer. Acababa de enterarse "en la calle" del fallo del Tribunal Supremo. "¿Cuánto vale una vida? ¿Siete millones y medio de pesetas, 15 millones? Por ese precio, es como para coger una, pistola y empezar a disparar", exclamaba. De inmediato, reflexionaba y matizaba: "Lo innegable es que a nuestros muertos no hay quien nos los devuelva, que han pasado 16 años, que seguirnos con nuestras dolencias a cuestas, que tengo a otros tres hijos con invalidez...".Escepticismo. Ésa es la figura. Porque ahora llegará otro penoso proceso: el de evaluar el grado de enfermedad de cada cual y, en consecuencia, la indemnización a percibir. Lo proclama María Sierra, la presidenta del grupo de afectados representado por la OCU. A ella misma, de 60 años, que sufre "aplastamiento de vértebras y problemas cardiacos", un tribunal médico le ha rebajado recientemente la invalidez "absoluta" que se le había reconocido con anterioridad. "Aún no hemos estudiado a fondo la. sentencia, pero seguro que hay muchas cosas que recurrir", concluye.