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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Desafío Total

SERíA ABSURDO y peligroso que EE UU y la Unión Europea se enzarzaran en una nueva guerra jurídico-comercial con motivo de la anunciada inversión de la petrolera francesa Total en Irán. Hasta ahora EE UU nunca ha aplicado la Ley de Sanciones, contra Libia e Irán, más conocida como ley d'Amato, de 1996, que unilateralmente prevé represalias contra las empresas que inviertan más de 40 millones de dólares en Irán. La operación de Total representa nada menos que 2.000 millones de dólares para la explotación de un yacimiento gigantesco de as. Sería mejor que la citada ley siguiera durmiendo el sueño, en este caso, de los injustos.Estas confrontaciones son siempre perjudiciales para todas las partes. Más aún en este momento, porque EE UU y la UE están en plenas negociaciones comerciales generales; se había dado un mayor grado de convergencia en la política a seguir hacia Irán los europeos más críticos hacia Teherán y Washington exploran nuevas posibilidades de apertura-; el régimen fundamentalista iraní parece evolucionar de la mano del nuevo presidente, Mohamed Jatamí, hacia una mayor moderación interior y exterior; y Total cuenta con la rusa Gazprom y la malaisia Petronas como socios minoritarios en esta empresa mixta, que también podrían sufrir un eventual castigo.

Aunque Estados Unidos aún tardará en asumir una posición definitiva sobre el contrato iraní de Total, éste ha sido recibido como un desafío por Washington. Y si bien es escaso el daño que puedan causar a la empresa francesa las medidas que eventualmente adopte EE UU en su contra, otras compañías petroleras están atentas por ver qué precedente se crea: las estadounidenses porque en 1994 su Gobierno les prohibió tratar con Irán, y perdieron ese mercado que ahora recuperan otros; las demás, porque también buscan. entrar en lucrativos negocios con Teherán.

El caso Total no se puede ver aisladamente. Viene a agravar las malas relaciones entre EE UU y Francia, a la grena por su rivalidad en cuestiones de in fluencia en África o por las dificultades surgidas en el camino hacia la plena integración militar francesa en la OTAN. En todo caso, los europeos verían unas sanciones americanas como una afrenta no ya a una empresa francesa, sino a toda la UE. Más vale que EE UU -el presidente y el Congreso- utilice el mar gen de maniobra que le otorga la ley, para no hacer nada.

Más allá de este caso, lo evidente es que resulta del todo inadmisible la pretensión estadounidense de imponer unilateralmente sus reglas al comercio internacional, ya sea con Irán y Libia, o, en el caso de la igualmente inaceptable Ley Helms-Burton, con Cuba. Aunque la ley d'Amato, se base en el comprensible objetivo de frenar un terrorismo de Estado iraní -probado en algún caso- y la adquisición de armas nucleares por ese país, las sanciones internacionales no las puede decidir un país por sí solo, sino el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Washington puede imponer a sus empresas la política que quiera, pero no al resto del mundo. Por mucho que algunos de sus legisladores sigan creyéndolo.

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