El defensor de Navarro define el 'caso Filesa" como el proceso más irregular de la historia judicial

"El caso Filesa es un proceso de tintes políticos que se utilizó como medio para derribar al partido en el poder y se sigue utilizando", afirmó ayer el catedrático Horacio Oliva, defensor del ex diputado socialista Carlos Navarro, en la vista del juicio por presunta financiación irregular del PSOE, en el que ayer comenzó el turno de informes de los abogados defensores. Oliva, que se centró en los aspectos más débiles del informe del fiscal, definió el caso Filesa como "el proceso con más irregularidades de la historia judicial española". Oliva criticó al fiscal por introducir -un delito de asociación ilícita no previsto por el Supremo en la apertura de juicio- y por "echar al aire un puñado de falsedades y coger las que ha querido".

Horacio Oliva combatió con autoridad el informe del ministerio fiscal y entusiasmó a los escasos asistentes por la velocidad y concisión con que desarrolló un informe alejado de leguleyismos, pero en el que se adentró por primera vez en la calificación jurídica de los delitos. Esta cuestión había sido apenas mencionada por las acusaciones, al serles más rentable martillear sobre los hechos y en el informe de los peritos.Oliva criticó la génesis de un proceso utilizado para derribar al PSOE "en el que se personan el Partido Popular y el empresario [José María] Ruiz Mateos" y en el que "la prensa dice cada día al instructor lo que tiene que hacer y lo que no". "Este movimiento hace que un profesor universitario de naturaleza un poco enfermiza" dijo en alusión al ex juez Marino Barbero, "esté un día arriba y otro abajo sin saber prácticamente lo que hace".

"Así se acumulan 200.000 folios en una causa general contra el PSOE, se practican 45 registros porque se trataba de ver toda la financiación del partido, se hacen unos informes siempre en perjuicio del reo y, en definitiva, se hace una utilización carroñera de la Justicia", describió Horacio Oliva El defensor descalificó la petición de 19 años de cárcel por parte del fiscal para Carlos Navarro y otros dos acusados y dijo estar convencido de que "la petición fiscal contra Herri Batasuna por colaboración con el terrorismo va a ser muy inferior a la de hoy por ayudar a financiar a un partido político".

"Son tantos 19 años de cárcel que no se entiende muy bien la calificación del ministerio fiscal. ¿Tanto valen unas falsedades y un delito fiscal?", se preguntó. Pero ironizó, "corno era el proceso del siglo se nombró un juez especial, un fiscal especial y un secretario especial, todos con dedicación exclusiva".

El letrado dijo que unas peticiones de pena tan "desproporcionadas" sólo podían explicarse "desde la presión social" y adujo que lo que se describe en el informe del fiscal son delitos de cohecho que el juez instructor y el fiscal no han conseguido perseguir ni probar.

Horacio Oliva recordó que el Tribunal Supremo declaró nulas las escuchas telefónicas del caso Naseiro sobre financiación ilegal del PP, lo que determinó la absolución de los inculpados. "¿Por qué a ellos sí y a mi cliente no?", preguntó.

El abogado subrayó que la declaración del entonces diputado Carlos Navarro se hizo sin que mediase suplicatorio y su cliente fue tratado por el juez Barbero "de manera inequívoca como inculpado". Recordó que durante la declaración, el juez Barbero no hacía más que preguntar a Navarro: "¿Usted viene voluntariamente?", a lo que Navarro respondía: "Yo vengo porque usted me ha citado". El letrado pidió que la Sala sancionase con la nulidad la violación del derecho fundamental de Navarro.

Oliva arremetió contra los peritos de Hacienda que, dijo, "son los que le dicen al instructor lo que tiene que instruir, investigar y pedir y van a 45 registros". Frente a lo que dijo Barbero de que su cometido era "aligerar" la instrucción, Horacio Olvia añadió que los peritos no fueron "imparciales ni actuaron con objetividad".Vulneración de derechos

En la sesión de la tarde, el abogado Pablo Jiménez de Parga, defensor de Luis Oliveró, alegó la vulneración de derechos fundamentales de su cliente desde el origen del proceso, ya que el contable chileno Carlos van Schowen robó "en bolsas" la documentación de Filesa y luego la entregó al juez sin que las partes estuviesen presentes, lo que constituyó una doble violación de derechos fundamentales mediante una prueba ilícitamente obtenida. Jiménez de Parga también planteó la nulidad de los registros llevados a cabo en las empresas del grupo y en el Banco de España.

El catedrático de Derecho Penal Gonzalo Rodríguez Mourullo solicitó la absolución de su defendido Eugenio Marín, para el que el fiscal pide tres años de cárcel y la acusación de Ruiz Mateos, cuatro meses.

El letrado José María Cánovas pidió la absolución del senador Josep María Sala i Grisó por considerar "inconcebible" que se le implique en unos hechos en los que no participó, y respecto de los cuales todos los empresarios, testigos y proveedores de Filesa han declarado que no le conocían.