Purgas y Justicia política
El triunfo de los herederos de Solidaridad en las recientes elecciones polacas, tras cuatro años de gobierno socialista, ha vuelto a destapar en Europa del Este la caja de los truenos de las purgas anticomunistas, cuando parecía ya definitivamente cerrada. Después de la crisis de 1989 se alzaron en todos los países de la zona voces que reclamaban un proceso de "limpieza" en el Estado, directamente inspirado en la desnazificación llevada a cabo en Alemania tras la guerra. Ahora, ocho años después, es ya evidente que el alcance de la purga, cuando ha existido, ha quedado muy lejos de aquella desnazificación, de por sí limitada y confusa. Muy pocos dirigentes comunistas han recibido sentencias de cárcel, generalmente por delitos relacionados con la corrupción económica o con la represión política, como la reciente del alemán Egon Krenz, y la gran mayoría de los escasos condenados están ya libres por razones de edad y de salud. Sólo tres países, la antigua Checoslovaquia, Alemania y Albania, han llevado a cabo alguna forma de depuración en la Administración y han expresado condenas formales, institucionales, de su pasado comunista. Hay vanas razones que explican el escaso peso de la "descomunistización", la mayoría relacionados con la indiferencia popular ante estos procesos. Los partidos comunistas eran enormes estructuras que agrupaban como media a un 15% de la población adulta en cada país y eran instrumentos de ascenso social y profesional. Si se piensa también en las personas que se beneficiaban de esa militancia, los familiares directos, se descubre a un tercio de la población claramente contraria a la "descomunistización". Por otra parte, fueron muy pocas las víctimas de la represión política en los últimos años de vida de los sistemas comunistas, como muestran los informes de Amnistía Internacional referidos a la zona. Obviamente, esta escasa represión no era fruto de una liberalización, que en la mayoría de los países no existió hasta 1989, sino de la ausencia de oposición. De hecho, sólo en Polonia el Gobierno se encontró con una oposición popular activa en los años ochenta. Las etapas de violencia que se cobraron muertos para la consolidación de los sistemas comunistas quedaban muy atrás en el tiempo: el periodo 1947-1950 en todo el área, y los años de rebeliones 1953 (Alemania y Checoslovaquia), 1956 (Hungría) y 1970 (Polonia). La invasión de Checoslovaquia por las tropas del Pacto de Varsovia, en 1968, se enfrentó a una resistencia pasiva, y apenas produjo bajas. Sin embargo, en dos países, Albania y la República Democrática Alemana (RDA), había también muertos recientes, los asesinados cuando intentaban escapar al extranjero, unos 900 alemanes y varios miles de albaneses. El recuerdo de su existencia es una de las razones de que ambos países hayan sido los más activos en el enjuiciamiento de los antiguos dirigentes comunistas.
El desinterés popular hacia las purgas administrativas, o el encarcelamiento de los responsables comunistas" ha sido más evidente en, los países donde sus herederos políticos consiguieron mantenerse en el poder, esta vez con el apoyo de las urnas, cómo en la Rumania pos-Ceausescu dominada por el Partido Socialista, o en casi todas las repúblicas desgajadas de la Unión Soviética, cuya élite política está casi íntegramente formada por antiguos comunistas. Por otro lado, en las democracias que se iniciaron con un pacto entre la oposición y el Gobierno para una transición pacífica la "limpieza", tampoco se ha producido a pesar de suscitar debates parlamentarios. Éste es el caso de Polonia y de Hungría, donde la idea quedó casi arrumbada tras la victoria electoral de los partidos socialistas ex comunistas en las elecciones de 1993 y 1994, respectivamente.
Allí donde se han desarrollado descomunistizaciones, el balance es muy desigual. Albania, que sufrió el régimen comunista más represivo de Europa Oriental y que carece de tradición de respeto al derecho, aplicó las purgas de modo arbitrario. Entre 1992 y 1996 una ley permitía a cualquier alto cargo administrativo o empresarial sustituir a cualquier empleado al que considerase culpable de "excesivo" apoyo al régimen comunista. Hoy el Partido Socialista gobierna y las normas de la descomunistización se han derogado.
Alemania Oriental y Checoslovaquia (luego la República Checa) han aplicado normas de limpieza semejantes, aunque la primera ha contado con muchos más medios jurídicos y económicos para ponerlas en práctica, y ha expulsado de su empleo a muchas más personas. En ambos casos, el grupo elegido como cabeza de turco y principal elemento "purgable" ha sido el formado por la policía política secreta y sus colaboradores, un colectivo que en la RDA agrupaba a unas 200.000 personas y en Checoslovaquia a unas 140.000. La elección de este grupo como objeto de castigo suscita algunas dudas. ¿Por qué ellos y no los responsables de la política económica que organizaron el desastroso experimento estatista, cuyas consecuencias actuales son más permanentes y difíciles de superar que la violación de derechos humanos? Posiblemente porque el descubrimiento del asombroso número de confidentes ha producido en la sociedad una sensación de humillación, indefensión y traición, que se calma con esta "limpieza". Por otra parte, la amplitud de la purga en la antigua RDA, mucho más radical y profunda que la aplicada en cualquier otro país ex comunista, sólo se explica por el dominio político y económico de Alemania Occidental tras la unificación.
