La ONU desestima la denuncia contra España por la política de dispersión de presos de ETA

La subcomisión de la ONU para la prevención de la discriminación y protección a los derechos humanos de las minorías con sede en Ginebra (Suiza) ha rechazado todas las demandas interpuestas contra elReino, de España por el entorno de ETA en concreto, se ha opuesto a dos denuncias contra la orden de prisión para el histórico dirigente de HB Jon Idígoras y a una emanda presentada por la Asociación ara la Prevención de la Tortura contra la política de dispersión de los presos etarras por cárceles españolas. El diputado del PP Ignacio Gil Lázaro, portavoz en Interior, señaló que es "la acreditación de lo que en ningún momento podía estar en duda: que España es un Estado de derecho".

La comunicación sobre la denuncia de la Asociación para la Prevención de la Tortura fue remitida a la misión española en Ginebra el 31 de octubre de 1996. El Gobierno respondió a través del Ministerio de Justicia el pasado 13 de mayo. Ahora, con fecha 1 de septiembre, se remitió una comunicación a España en la que se le informaba de los rechazos de las denuncias.En la demanda que se incluye en el informe final, la Asociación Contra la Tortura expuso, el 23 de septiembre de 1996 bajo la firma de Carol Mottet, responsable de programas en Europa de. esa ONG, que por entonces 20 "presos políticos vascos" estaban en huelga de hambre contra la política de dispersión impuesta por las autoridades españolas.

La asociación explicaba que dichas huelgas de hambre se inscribían en las movilizaciones contra tal política de dispersión que a su juicio, viola los derechos humanos. "La práctica de dispersión de los detenidos políticos", señalaba la denuncia, "es contraria a los objetivos de rehabilitación y resociabilización de los detenidos, que reconocen la Constitución y la Ley Penitenciaria española".

También se mencionaba en la demanda que no se aplican a favor de los reclusos con graves enfermedades las liberaciones por razones humanitarias y se especifican repercusiones que en su opinión sufren los familiares de los presos, como la imposibilidad de "vis a vis", largos viajes, limitación de correo, agresiones a los reclusos en los traslados entre prisiones, etc.

Ante la denuncia anteriormente expuesta, la Secretaría -de las Naciones Unidas pidió a la misión española que argumentase su defensa. En su-. contestación, el Gobierno español expuso en seis puntos los ejes de su política penitenciaria respecto a la dispersión de presos y respondió a las acusaciones.

Tras indicar los defectos formales de la denuncia, tales como

que no constaban nombres concretos, fechas de hechos supuestamente delictivos y otros datos concretos, se rechazó la maniobra de organizar huelgas de hambre, así como que los reclusos llegaran a poner en grave estado su salud.

Reinserción

Sobre la dispersión en sí, el abogado del Estado explica que la rehabilitación y la readaptación social del recluso es precisamente lo que aconseja su separación del resto de miembros de ETA y de sus cabecillas.

En el caso del encarcelamiento del dirigente de HB Jon Idígoras se trata de la misma denuncia, ya rechazada en julio de 1996, que consistió en el envío masivo de tarjetas postales por parte del entorno de HB, algunas de las cuales se recibieron tarde en el Centro de Derechos Humanos, por lo que se vieron en el presente ejercicio.

La Misión Permanente de Es-paña ante el organismo de Ginebra aportó, en respuesta a las misivas, las mismas argumentaciones que sirvieron para rechazar la denuncia de 1996, por lo que la ONU rechaza la demanda.

El diputado de PP Ignacio Gil Lázaro considera que la resolución dé la ONU "debe satisfacer a todos los demócratas y no servir de base para nigun tipo de nuevas polémicas"

El coordinador general de IU en Andalucía, Antonio Romero, dijo que le "parecen bien" las resoluciones de la ONU, porque "la dispersión de presos no es un atropello a los derechos humanos, como tampoco lo es el procesamiento de Idígoras".

A Rafael Larreina, de Eusko Alkartasuna, no le ha sorprendido el rechazo del recurso sobre la dispersión de los presos porque "la demanda tenía problemas formales". Larreina recordó, no obstante, "que se. habla de una política penitenciaria que desde las instituciones vascas se considera totalmente inapropiada".