El interventor ve un mal negocio para el municipio en los nuevos barrios

El interventor municipal, Vicente Arnáu, ha dado un tirón de orejas a los responsables municipales del PP que han negociado con propietarios privados las condiciones en las que se levantarán dos nuevos barrios en Madrid. Tras revisar el convenio urbanístico donde se dice qué debe hacer cada cuál y quién debe correr con los gastos, Arnáu concluye que el municipio "podría estar asumiendo obligaciones que no le corresponden".

Los dos nuevos barrios, cuyo convenio definitivo será aprobado hoy en el pleno municipal están situados en la zona de Las Tablas y Montecarmelo, al norte de la ciudad. En estos terrenos, recalificados por el Ayuntamiento, se levantarán cerca de 22.000 viviendas. Los convenios han sido firmados entre el concejal de Urbanismo Ignacio del Río, y los propietarios de los terrenos, que se asociaron previamente para explotar los suelos.En las condiciones establecidas para el nuevo barrio de Las Tablas, el Ayuntamiento se compromete a realojar a todos los chabolistas que viven allí, y si la obra de urbanización cuesta más de 1.325 millones de pesetas, a pagar la diferencia. Esta obra es la que convierte un terreno que ahora no pasa de ser un solar en un conjunto de calles con todos los servicios necesarios (luz, agua, alcantarillado ... ).

Los propietarios de los terrenos se han beneficiado de que su suelo, hasta ahora rústico, se haya convertido en residencial. Antes sólo podían dedicarlo al cultivo, ahora pueden haber viviendas.

El interventor general del Ayuntamiento, que vigila todas las actuaciones municipales para impedir un perjuicio a las arcas públicas, alega en su informe, solicitado por el grupo municipal socialista, que, según la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, los propietarios de los terrenos afectados por una intervención urbanística (como ésta de los nuevos barrios) deben abonar los siguientes gastos: "Obras de vialidad; obras de saneamiento, entre las que se comprenden colectores generales y estaciones depuradoras; suministro de agua y energía eléctrica, y ajardinamiento y arbolado". Los propietarios, según esta ley, también deben correr con los gastos de "indemnización a propietarios y arrendatarios por derribos de edificaciones". El convenio firmado por el concejal Del Río ahorra muchos de estos gastos a los propietarios privados.

En el caso del nuevo barrio de Montecarmelo, el Ayuntamiento también se compromete a pagar la diferencia si la obra de urbanización cuesta más de 828.407.964 pesetas. Y también asume el gasto de realojar a los chabolistas.

La respuesta del interventor es la misma que en la del nuevo barrio de Las Tablas: "El Ayuntamiento podría estar asumiendo obligaciones que no le corresponden, sin que en el convenio queden suficientemente especificadas las contrapartidas que obtendría a cambio", reza el escrito de Arnáu. ,

Infumables

De esta manera, y según el escrito del interventor, "el Ayuntamiento puede estar obligándose a compromisos de contenido abierto que podrían prolongarse en el tiempo, con repercusión en los presupuestos generales de la Gerencia Municipal de Urbanismo". El concejal socialista José María de la Riva calificó ayer de "infumables" las condiciones pactadas por el gobierno municipal del PP con los dueños de los terrenos para desarrollar los nuevos barrios. "Los convenios de muestran que el Partido Popular sólo pretende solucionar el problema de la vivienda favoreciendo a unos cuantos dueños de terrenos. El equipo de gobierno de este Ayuntamiento ha inventado una nueva tipología de vivienda, la vivienda virtual, que es aquella que sólo beneficia a los especuladores".

Juan Barranco, portavoz socialista, añadió más leña al fuego: "Con el nuevo plan general, la ciudad está paralizada urbanísticamente y, por tanto, sumida en el caos más absoluto". Las críticas a la política urbanística del PP siguieron por Izquierda Unida. Su portavoz, Francisco Herrera, denunció la "operación más especulativa de los últimos cincuenta años" y responsabilizó al gobierno municipal.

Herrera recordó que en el pleno de hoy se aprobará la recalificación de 75.000 metros cuadrados de terreno en Fuencarral. El suelo, destinado hasta ahora para industrias, servirá para construir casas. Esta modificación, según Herrera, generará 9.000 millones de pesetas de beneficios a los propietarios del terreno. Herrera quiere que se investigue esta operación, "una voladura retardada del suelo industrial de Madrid", según su criterio.