Países de desarrollo temen injerencias en su política económica
ENVIADA ESPECIALLos países menos desarrollados temen que las economías industrializadas, en complicidad con el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI), les impongan un ritmo demasiado rápido de apertura de sus mercados de capitales y se inmiscuyan en la gestión de sus Gobiernos. Varios de sus ministros expresaron ayer en Hong Kong, donde ambas instituciones multilaterales celebran su asamblea anual, sus recelos a las dos grandes iniciativas aprobadas.
Los recelos surgen ante el nuevo papel del FMI como impulsor de una liberalización "ordenada" del movimiento de capitales en el mundo y del decidido impulso a la lucha contra la corrupción de los gobiernos receptores de préstamos.La iniciativa del FMI apoyada por el Grupo de los Siete países más industralizados del mundo y las economías europeas, se produce cuando la comunidad internacional trata de dar una respuesta a crisis monetarias como la desatada en el sureste asiático, que ha provocado la devaluación de cuatro monedas de la zona y la revisión a la baja de las previsiones de crecimiento de una de las regiones económicamente más dinámicas del mundo.
Aun reconociendo la importancia del libre flujo de capitales en su desarrollo, varios representantes de los países en vías de industrialización coincidieron ayer en alertar sobre el peligro de que el Fondo y los países ricos dicten el ritmo de las reformas y de la apertura de sus economías.
Brasil, donde los controles de cambio han ayudado a mantener la fortaleza del real y, por extensión, a controlar la inflación, se mostró especialmente contrario a que el Fondo le pueda obligar a levantar este tipo de medidas. El presidente del Banco Central de Brasil, Gustavo Franco, calificó de "peligrosa" la propuesta del Fondo.
En su opinión, lo que debe hacer el Fondo es vigilar el crecimiento de los volátiles flujos de capitales. Dados los problemas que provoca la mundialización, permitir el libre flujo de capitales internacionalmente es "inoportuno", señaló el responsable de- la autoridad monetaria brasileña a un grupo de periodistas, al tiempo que confirmaba la intención de Brasil de mantener sus controles de cambio.
El propio G-24, que agrupa a Brasil y países como India, México, Venezuela o Irán, ha expresado su temor a que las reformas que se requieren para liberalizar las cuentas de capital se hagan de forma rápida y bajo fuerte presión internacional. Estos países creen que el FMI debe respetar la adopción transitoria de controles en los mercados de capitales.
. En el mismo foro, Malaisia, uno de los países afectados por la crisis monetaria del Sureste Asiático, pidió al FMI que tome medidas para controlar las actividades de los operadores financieros, muchos de los cuales actúan "sin escrúpulos". Su ministro de Economía y Hacienda, Anwar Ibrahim, pidió la creación de un código ético que regule sus actuaciones.
Un, polémico papel para el FMI
ENVIADA ESPECIALEl fuerte crecimiento del flujo de capitales privados hacia las economías en desarrollo -de 46.000 millones de dólares (6,9 billones de pesetas) en 1990 a 235.000 millones (35,25 billones de pesetas) el año pasado- ha sido una de las patas en las que se ha apoyado el desarrollo de muchos de estos países en la última década.
Lejos de querer moderar esta tendencia, pero con el objetivo de que los mercados financieros crezcan ordenadamente, el FMI prepara una reforma de sus estatutos para ampliar sus responsabilidades a los movimientos de capitales.
El Fondo se ocupa ya de ayudar a los países miembros a hacer frente a los problemas que pueden surgir en sus balanzas de pagos por la salida brusca de los flujos de capital, como se vio en el caso de México y, ahora, de Tailandia. Pero quiere ir más allá. Su objetivo es impedir una marcha atrás en la liberalización mundial de capitales y obligar a cualquier país miembro a solicitarle permiso antes de imponer controles.
La convertibilidad de la cuenta de capital significa la no existencia de ningún control (de tipo cuantitativo, impuestos o subvenciones) que afecte a las transacciones entre los inversores residentes y los no residentes. Estas transacciones incluyen las operaciones de crédito entre residentes y no residentes, los depósitos y las inversiones en Bolsa y bonos o en cualquier otro activo financiero.
