La Junta de Castilla y León pide a la CECA que "se tranquilice"

La consejera de Economía de la Junta de Castilla y León, Isabel Carrasco, pidió ayer a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), "que se tranquilice, que no hay motivo para la preocupación". Según Carrasco, el Gobierno castellano-leonés "no quiere imponer nada a nadie en el asunto de las cajas de ahorro".La CECA acusó el viernes a la Junta de Castilla y León de atentar contra la libertad de empresa y la capacidad de gestión por el intento del Gobierno autónomo del PP de imponer cuánto dinero tienen que invertir estas entidades de crédito.

La acusación de la confederación de cajas se produjo tras conocer un documento, encargado por la Junta de Castilla y León a Ernst & Young, en el que se da al Ejecutivo autonómico la potestad de imponer a las cajas de ahorro y rurales de la región que inviertan hasta el 80% de sus recursos propios (alrededor de 170.000 millones de pesetas) en empresas o sectores que considere estratégicos. Incluso define esos sectores: energía, telecomunicaciones, agroalimentario y automoción.

Según la titular de Economía del Gobierno que preside Juan José Lucas, "los presidentes y directores de las cajas de ahorro conocen la actitud del Ejecutivo que desde hace cuatro meses intenta consensuar el documento estratégico".

Carrasco, quien negó haber participado en la redacción del documento de la polémica, negó también que el tope de inversión individual de las cajas sea del 70% o del 80%: "Eso es un matiz que debate una comisión de técnicos, entre los que se encuentran representantes de la Consejería de Economía y de las cajas de ahorro de Salamanca, Burgos y Caja España".

Legislar por decreto

Respecto a la presunta intención de legislar por decreto en estos asuntos, Isabel Carrasco confirmó que "a pesar de lo sueltas que están las cajas, ellas saben que la Junta es un órgano tutelar y por tanto, como les anuncié cuando tomé posesión como consejera, se puede gobernar por consenso o por decreto, como han hecho otras comunidades autónomas. La legislación por decreto no se refería a este tema, sino a la regulación de determinadas actuaciones de las cajas y la Comunidad".

La consejera popular retó a los socialistas, a los que considera absolutos responsables de la polémica desatada, "a que tengan la cara de decir que no quieren los beneficios de las cajas de ahorro y rurales o para que se atrevan a decir que los beneficios que obtienen estas entidades del dinero de los ciudadanos de Castilla y León no se inviertan en esta comunidad y sí en otras comunidades como Murcia, Andalucía o Cataluña".