El Parlamento francés respalda el plan de empleo juvenil

El Parlamento francés aprobó ayer con una amplia mayoría, 303 votos contra 166, el plan de empleo juvenil que establece la creación en los próximos tres años de un total de 350.000 empleos en sectores dependientes de la Administración. Aunque el Senado, de mayoría conservadora, enmendará probablemente este plan en el Pleno del próximo día 30, la decisión adoptada por los diputados resulta prácticamente definitiva, a expensas de que cierren el trámite parlamentario con una posterior ratificación.Tramitado por la vía de urgencia, el proyecto de ley compromete a la Administración y a los organismos a ella vinculados, incluidos organismos privados de fines no lucrativos, a crear masivamente empleos juveniles, 50.000 antes de final de año, que respondan a lo que se ha dado en llamar "necesidades emergentes" en terrenos como la educación, la sanidad, la familia, el alojamiento, los transportes y el medio ambiente. Los beneficiarios potenciales son los jóvenes de edades comprendidas entre los 18 y el 26 años, así como los menores de 30 que no han trabajado el tiempo suficiente como para beneficiarse de los subsidios de paro.

El Estado se compromete a ayudar a los organismos locales que creen estos puestos de trabajo subvencionando la mayor parte, en torno al 80%, de la remuneración salarial que, como mínimo, será igual a la del salario mínimo. Los contratos serán por cinco años, plazo en el que la Administración confía que se consoliden muchos de estos empleos.

El plan de empleo juvenil, "proyecto faro" del Gobierno socialista francés, ha abierto una brecha notable en las filas de la oposición y arrumbado, siquiera momentáneamente, su propósito de iniciar el curso parlamentario desde la unidad y la coherencia internas. Lejos de eso, 38 diputados de las dos ramas de la derecha francesa, UDF y RPR, optaron ayer por abstenerse ante el plan de empleo juvenil y tres más, de las mismas filas de la oposición, llegaron incluso a emitir votos afirmativos.

Apoyado en el actual desconcierto de la derecha y en la popularidad que las encuestas conceden al primer ministro y líder de los socialistas, Lionel Jospin, el Gobierno francés se ha lanzado a una vertiginosa carrera de medidas económicas y fiscales destinadas a equilibrar el Presupuesto. Junto a la apertura de capital de las empresas públicas y al debate permanente en las últimas semanas, sobre el reparto del tiempo de trabajo, la atención se centra ahora en el anunciado aumento masivo de la Contribución Social Generalizada (CSG), un impuesto sobre las rentas salariales, las pensiones y los beneficios del capital que desde que fue ideado por el ministro socialista Michel Rocard en 1991 ha pasado del 1,1 % al 7,5% que pretende ahora Lionel Jospin.

El nuevo Gobierno socialista va a combinar un aumento del CSG con una reducción equivalente de las cotizaciones a la Seguridad Social, de forma que sean grabados los beneficios del capital, pero no los salarlos, las pensiones y los subsidios. El impuesto, que será deducible directamente de la declaración de la renta, penaliza el ahorro y, según la ministra portavoz Catherine Trautmann, permitirá aumentar en un 1% el poder adquisitivo de los asalariados y contribuir, en esa medida, al crecimiento.