Ahora se entiende

EL CONSEJO General del Poder Judicial considera de "extraordinaria gravedad" los hechos desvelados por el juez Garzón en su auto sobre la recusación de Javier Gómez de Liaño. El órgano de gobierno de los jueces ha decidido solicitar la intervención inmediata del fiscal general del Estado a la vista de los indicios de delito. Fue Liaño quien pidió que la inspección investigara la actuación de Garzón, pero el Poder Judicial rechaza su petición y propone abrir una causa penal para investigar los hechos relatados en el auto, que, de confirmarse, constituyen cuando menos un delito evidente de prevaricación. El portavoz de Jueces para la Democracia añadió que los hechos denunciados supondrían una auténtica conspiración para cometer un delito contra los derechos individuales de ciertas personas. Precisamente porque no se trata de simples irregularidades, sino de graves delitos, la intervención del fiscal general era inexcusable. Dada la condición de magistrados de la Audiencia Nacional de algunas de las personas investigadas, la causa deberá instruirla el Tribunal Supremo.Los hechos son desde luego gravísimos. Garzón afirma haber tenido conocimiento extraprocesal, a través de amigos suyos, de reuniones del juez instructor del caso Sogecable con el denunciante del mismo, Jaime Campmany, así como con otras personas que, según testimonios prestados ante él, trataban de de orientar la causa de la manera que perjudicase lo más posible a PRISA, la empresa editometer en la cárcel a Jesús de Polanco y ra de EL PAÍS. A la luz de esas revelaciones se entienden mejor algunos pronunciamientos, incluidas fulminantes retiradas de confianza. Inmediatamente después de que Cebrián presentara su escrito de recusación y de que propusiera determinadas diligencias de prueba -que Garzón aceptó-, el diario El Mundo advirtió en términos inequívocamente amenazantes a su antiguo héroe de que no le perdonaría otra cosa que no fuera "archivar" la recusación (7 de julio) o, mejor, arrojarla "a la papelera" (29 de julio).

Del auto se deduce la existencia de una trama en la que se mezclan en alegre tropel jueces, fiscales -el clan de los indomables, objeto de cerrada defensa por parte de El Mundo-, el periodista Campmany y, sobre todo, el abogado y columnista de ese mismo diario Antonio García Trevijano. Éste aparece retratado como el cerebro de un enredo cuyo objetivo "político" sería "acabar con el actual sistema político". Que jueces y fiscales participen en una trama para mantener abierta una causa por tiempo indefinido e incluso para encarcelar a un ciudadano que en este caso es además presidente del primer grupo de comunicación de España, con el propósito de dañar a una empresa que resulta incómoda al Gobierno de Aznar, de donde nació el infórme que se utilizaría para la querella, es el escándalo más grave de la justicia española en muchos años. Los tribunales dirán si es o no ridícula -como dijo ayer Aznar- la pregunta sobre qué secretario de Estado encargó tal informe.

Pero la instrucción practicada por Liaño ya era un escándalo muy grande antes de que Garzón lo pusiera negro sobre blanco. En ningún país del mundo se consideraría normal que el juez que instruye' una causa y la persona cuya denuncia está en el origen de la misma exhiban su relación familiar y amistosa. No es normal que ese juez admita sin mayores averiguaciones la de nuncia de su allegado, que eternice la instrucción, que retenga en un cajón durante dos meses el recurso de sobreseimiento para que los acusados no puedan dirigirse a la sala, que adopte medidas cautelares espectaculares y dosifique las declaraciones de los querellados para mantener la atención -sobre todo de TVE - hacia el caso. Con lo que hoy se sabe, lo menos que puede decirse es que Liaño ha instruido el caso de acuerdo con el plan destapado por Garzón. Entre otras cosas, Trevijano se convirtió de hecho en abogado de la compañera de Liaño -la fiscal Márquez de Prado- tal como se acordó para buscar una coartada a los frecuentes contactos entre ellos.

Gómez de Liaño ha sido expresamente desautorizado por la sala correspondiente en la media docena de recursos vistos hasta el momento contra aspectos de su instrucción. El presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el Consejo del Poder Judicial y las principales asociaciones de jueces llamaron la atención sobre la "extraña actitud" del instructor y reprobaron algunas iniciativas tan extravagantes como la de sugerir que se acusase de prevaricación a los magistrados que habían resuelto el recurso sobre la declaración de secreto de las actuaciones, o su sugerencia, en un auto, de que los suscriptores de Canal + se querellaran contra esa cadena. No se trata, por tanto, de un simple enfrentamiento de la palabra de unos contra la de otros, sino de unos hechos, a simple vista incomprensibles, que encuentran un sentido a la luz de las revelaciones concordantes de Garzón y al menos uno de los testigos que han comparecido ante él.

No es, desde luego, un asunto trivial, ni ridículo, ni marginal. El Supremo debe ser capaz de llegar hasta el final. Tal vez ese día sepamos también qué hacía un secretario de Estado encargando al presidente del Colegio de Economistas de Madrid un informe sobre las cuentas de Sogecable que sería el instrumento de la conjura judicial. Mientras tanto, varios consejeros de esta empresa siguen sometidos a las medidas cautelares que dictó Liaño en medio de toda la confabulación. Viene al caso recordar que Jesús de Polanco, presidente de este periódico, tuvo que depositar una fianza de 200 millones para evitar que el juez le enviara a prisión.