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Editorial:

En la brecha

EN VÍSPERAS de la reanudación del juicio del caso Filesa, interrumpido en julio, la Sala Segunda del Supremo ha denegado el recurso de súplica presentado por el PP contra la exclusión de la lista de acusados de vanos miembros del PSOE, entre los que figuraba su antiguo responsable de Finanzas, Guillermo Galeote. Por su parte, el órgano de gobierno de los jueces ha respaldado al presidente de esa sala, José Augusto de Vega, acusado por Julio Anguita de ser un "presunto delincuente". Esa lamentable acusación se hacía eco -¡cómo no!de la deslizada por El Mundo en base a una de las alegaciones del PP, según la cual el tribunal había tergiversado una sentencia del Constitucional para avalar que la lista de acusados en la vista oral de Filesa se hubiera reducido de 22 a 12.El de Filesa fue un montaje empresarial utilizado a fines de los ochenta por el PSOE como tapadera de su financiación irregular (y ahora se verá si además ilegal). Durante años, el PP hizo de ese asunto el eje de su oposición al Gobierno socialista, e incluso se personó como acusación particular en el sumario. Era su derecho. Sin embargo, la evidencia de que el partido de Fraga y Aznar había utilizado procedimientos parecidos de financiación confiere a esa personación una gran dosis de hipocresía. Cuando saltó el asunto de Filesa, la opinión pública no conocía -pero ellos sí- lo que había detrás de nombres como Naseiro, Zamora, Burgos, Cañellas o Lacalle-De la Rosa: diversos sistemas de pasar el platillo al margen de los cauces previstos en la ley para las donaciones a los partidos.

El auto por el que se rechaza el recurso del PP confirma lo que parecía a simple vista: que la cita de la sentencia del Constitucional ilustra la argumentación del Supremo, pero no constituye el núcleo de la misma; y que todo el problema deriva de un simple error en la colocación de las comillas que enmarcan la transcripción de la cita en cuestión. El auto refuerza esa explicación llamando la atención sobre el hecho de que la parte que literalmente reproduce un párrafo de la sentencia figura en el original en negrita, mientras que el resto de la frase aparece en letra corriente. La lógica interna del razonamiento que el tribunal desarrollaba -demostrar que no era de aplicación el supuesto de indefensión alegado- avala claramente esa explicación.

Así pues, de un asunto mínimo -un error material, bien de redacción, bien de simple transcripción mecanográfica- se quiso hacer un grave problema criminal. Y político. La escalada que va del recurso jurídico del PP a la acusación de su periódico consorte -aderezada con insinuaciones sobre una supuestamente acreditada parcialidad del magistrado en favor del PSOE-, y de ésta a la declaración urbi et orbi de Anguita corresponde a un reparto de papeles que se está haciendo clásico.

Sin necesidad de subrayar excesivamente quién juega en ese reparto el papel de listo y quién el de replicante, sí conviene recordar que José Augusto de Vega es también el magistrado que debe resolver el recurso presentado por Mario Conde contra su condena en el caso Argentia Trust. Puede que el ex banquero no haya intervenido para nada, pero es seguro que algunos comentaristas hagiográficos, de los que nunca fallan cuando de Conde se trata, y que también ahora se han movilizado, han pensado que era una ocasión a no perder para desacreditar al juez. Por si acaso.

Por ello, entre otros motivos, era lógico que De Vega pidiera amparo al Consejo del Poder Judicial, y justo que éste se lo concediera, aunque haya preferido no entrar en profundidades y concentrar sus reproches en el encargado del altavoz.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 3 de septiembre de 1997