Condena judicial al Gobierno de Japón por censurar libros de la guerra en Asia

La justicia japonesa dictó ayer una sentencia histórica en la que condena al Gobierno por haber censurado en diversos libros de historia capítulos referentes a la campana imperialista nipona en Asia. Con esta sentencia concluye una batalla legal iniciada hace 32 años por el historiador Saburo lenaga, un intelectual muy conocido en Japón no sólo por su labor investigadora sobre el pasado bélico japonés, sino especialmente por su denuncia a un sistema de "revisión" de textos escolares que siempre ha calificado abiertamente de "censura".Esta censura sigue siendo foco de un agitado debate entre, los intelectuales japoneses, así como desencadenante de numerosas polémicas diplomáticas debido a la indignación que provoca en los países que fueron víctimas de la agresión nipona. El control japonés de los libros de texto ha traído consigo una visión durante mucho tiempo tergiversada y hoy todavía dulcificada de la campaña imperialista japonesa en Asia.

El Tribunal Supremo admitió un recurso en última instancia presentado por lenaga, afirmando en su sentencia que el Gobierno violó la Constitución al forzar al historiador a eliminar de sus libros de texto todas las referencias a la llamada Unidad 731. Esta unidad estaba especializada en la realización de crueles experimentos químicos y biológicos con prisioneros de guerra. El alto tribunal condenó al Gobierno a pagar una indemnización de 400.000 yenes (alrededor de medio millón de pesetas), suma inferior a los dos millones de yenes solicitados por lenaga, pero símbolo de su victoria judicial.

Éxito parcial

Los magistrados declararon asimismo el derecho de lenaga a publicar intactos otros tres capítulos históricos en disputa, que hacen referencia al mismo conflicto bélico. Según el Tribunal, las revisiones propuestas por el Consejo de Autorización de Libros de Texto del Gobierno respecto a los otros cuatro puntos en conflicto no constituyen una violación de su libertad de expresión y cátedra.

Sin embargo, al término de este largo, enfrentamiento judicial, el octogenario historiador, de frágil aspecto, se mostró defraudado por el hecho de que el Tribunal rechazara su petición de que el sistema general de control de libros es inconstitucional. En opinión de la justicia nipona, estas revisiones no violan la legislación por cuanto cumplen una función social de garantizar el rigor en la interpretación de la historia.

El juicio que concluyó ayer fue el tercero interpuesto por Ienaga desde 1962. Su primera demanda, que denunciaba la inconstitucionalidad del sistema, acabó con una derrota total en las tres instancias judiciales. Su segunda batalla, sin embargo, le brindó una efímera victoria cuando, en 1967, el Tribunal de Distrito de Tokio afirmó que esta práctica era una censura ilegal, fallo que, sin embargo, fue más tarde rechazado por el Tribunal Supremo.