El PP renuncia a su exigencia de que los partidos puedan recibir donaciones anónimas

Las posiciones irreconciliables entre el PP y el PSOE sobre la reforma de la ley de financiación de partidos políticos empiezan a flexibilizarse. Los socialistas consideran escandaloso" que el PP defienda las donaciones anónimas, en tanto que los populares estiman ridículo el rechazo del PSOE que las empresas puedan aportar dinero. Los primeros ofrecen ahora levantar la opacidad de las donaciones si el PSOE acepta el dinero dé personas jurídicas. El tope máximo sería de 15 millones por persona particular o jurídica. Los donantes tendrían desgravación fiscal.

Una ponencia parlamentaria unificará en septiembre las seis propuestas que existen para poder sacar adelante una proposición de ley de consenso sin que intervenga el Gobierno. El grueso de la financiación, no obstante, saldrá de los Presupuestos Generales del Estado.El secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, tiene mucho interés en afrontar de inmediato la reforma de la ley de financiación de partidos políticos. Así se lo comunicó al presidente del Gobierno, José María Aznar, en su reunión del mes de julio y lo mismo hizo ante el secretario general de Convergència Democrática de Catalunya, Pere Esteve. Mientras tanto, representantes de los grupos parlamentarios del PP y del PSOE han ido discutiendo sin publicidad sobre la reforma, y el acercamiento ha sido importante.

PP, PSOE, IU, CiU, Coalición Canaria y PNV han presentado en el Congreso sus respectivas propuestas de reforma. Jaime Ignacio del Burgo, por los populares; Francisco Fernández Marugán, del PSOE; Manuel Silva, de CiU; Joxé Joan González de Txabarri, del PNV; Felipe Alcaraz, de Izquierda Unida, y Luis Mardones, de Coalición Canaria, son los responsables de encontrar un texto común.

Los borradores sobre una nueva ley de financiación se han ido amontonando a lo largo de estos años sin que, al final, haya habido mucho interés por reformar la ley de 1987, muy elogiada aunque no contempla las aportaciones privadas. Los escándalos de financiación ilegal abrieron el debate sobre la necesidad de llenar el vacío legal. Izquierda Unida y el Bloque Nacionalista Galego son las formaciones menos interesadas en este punto. La coalición que dirige Julio Anguita nunca ha encontrado motivos para creer que un tropel de particulares o empresarios vaya a dirigirse a las sedes de Izquierda Unida para dar donativos.

El último borrador que el PP presentó al PSOE rompió las negociaciones por cuanto que el partido conservador defendía el anonimato de las donaciones. Los socialistas respondieron que de esa manera se "institucionalizaba" el fraude. Ellos, a su vez, se cerraban en banda a que los partidos pudieran recibir dinero de empresas. Sólo admitían de particulares. "Aquí se nota un cierto tufillo autoexculpatorio", exclamó Felipe Alcaraz, de IU, al conocer el motivo de la trifulca entre los dos grandes.

En septiembre las cosas pueden cambiar radicalmente. El PP está dispuesto a renunciar al anonimato de los donantes si el PSOE admite que las empresas puedan dar dinero con las mismas limitaciones que las personas individuales. La propuesta del PP será de 15 millones como tope por persona y año. Los socialistas son inicialmente proclives al intercambio de cesiones. Todos están de acuerdo en que haya desgravación fiscal.

Ni los nacionalistas catalanes de CiU ni los vascos del IPNV han tenido nunca problema alguno en defender a las claras la financiación privada. El peneuvista González de Txabarri fue en el Congreso muy claro cuando presentó su propia propuesta: "La reforma debe fomentar iniciativas para estimular la financiación privada con cautelas pero con valentía". Continuó: "Debe terminar la etapa en la cual los partidos se han empeñado en hacerse trampas al solitario, con financiación bajo cuerda, acompañada de discursos ampulosos pero con una situación bajo la mesa difícilmente soportable".