El juez que instruye el caso de pedofilia de Barcelona toma declaración en la Modelo al ex socialista Francisco Salvador

El juez Josep Niubó que investiga la red de pedofilia que operaba en el barrio de El Raval de Barcelona se desplazó ayer a la cárcel Modelo para interrogar de nuevo al ex consejero municipal socialista Francisco Salvador, continuando así con la segunda ronda de declaraciones de los implicados. Francisco Salvador está acusado de haber abusado sexualmente de dos menores de 12 años y es uno de los cinco encarcelados en relación con este caso. Niubó, que decretó el secreto del sumario, mantiene un absoluto mutismo sobre el desarrollo de la investigación y ha instado a los abogados de los acusados a no revelar ningún aspecto de las actuaciones.El Ayuntamiento de Barcelona, por su parte, está estudiando la posibilidad de personarse como parte en el juicio contra los acusados de integrar la red de pedofilia. La decisión la tomará a la vista de las actuaciones, cuando el juez levante el secreto del sumario.

El grupo municipal del PP ha presentado en el consistorio cinco preguntas en las que piden al Ayuntamiento que explique por qué motivo se desmanteló la unidad de la Guardia Urbana encargada de detectar los delitos contra menores. El Ayuntamiento ha insistido en que la brigada de menores estaba destinada a la vigilancia del absentismo escolar y que se disolvió al hacer responsables a todos los guardias de la tarea. La disolución tuvo lugar dos años después de que se realizara un seguimiento al líder de la red, en 1993 por lo que, según el Ayuntamiento, no se relaciona para nada con el caso en cuestión.

La Fiscalía de Menores ha defendido su actuación en un caso de abusos sexuales a un menor en 1993 por parte de Xavier Tamarit, el principal responsable de la red de pederastas. Un informe municipal detallaba sus presuntas agresiones a un niño de nueve años. El Juzgado de Familia destinó el niño a un centro de acogida en 1993. Un año después su madre lo reclamó y se le devolvió la tutela bajo supervisión de los servicios sociales. La Fiscalía y la Generalitat se opusieron a esta decisión pero la Audiencia, en 1966, desestimó el recurso.