Fomento vertiginoso

LA COMPRA de Antena 3 por parte de Telefónica en los últimos días de julio fue una operación puramente mercantil, sin connotaciones políticas, según dijo, con un énfasis excesivo para ser creíble, el portavoz del Gobierno. Sin embargo, a medida que van conociéndose detalles de la operación, se percibe más claramente que el Gobierno no sólo estaba al tanto, sino al mando de la misma: orientando y facilitando la negociación. Ya se sabía que el presidente de Telefónica pudo utilizar como arma negociadora el compromiso del Gobierno de modificar la ley de televisión privada en el sentido de ampliar los topes actuales -ningún accionista puede disponer de más del 25% del capital-; ese compromiso garantizaba a los bancos la posibilidad de vender sus participaciones a la propia Telefónica en un plazo relativamente breve.Ahora se ha conocido otro dato que pone aún más de manifiesto la intervención del Gobierno. Las acciones de las televisiones privadas deben ser nominativas, de manera que pueda verificarse si se respetan los topes máximos legales y otras condiciones fijadas en dicha ley. Cualquier venta de las mismas ha de ser estudiada y verificada antes de recibir la autorización expresa del Ministerio de Fomento. Trámites fastidiosos, sin duda, que en este caso, al parecer, se han querido evitar a empresas y personalidades tan relevantes como los protagonistas de la citada compraventa. Así se deduce de la respuesta del Ministerio de Fomento el 1 de agosto a la petición de personación de PRISA, planteada el 28 de julio: el procedimiento "está concluido".

A la vista del tiempo que habitualmente se toma la Administración para este tipo de autorizaciones, nunca inferior a varios meses, y de las dificultades objetivas de desentrañar la complicada madeja de sociedades del paquete vendido, ya hubiera resultado chocante que el expediente se hubiera resuelto en una semana. Pero es que la cosa ha sido más que vertiginosa. Se sabe, por el minucioso relato de los adalides de la operación, que el complejo acuerdo se alcanzó en la madrugada del 24 al 25. Pero el documento de Fomento precisa que el expediende de autorización fue resuelto el 24. Lo que significa que el Gobierno dio el visto bueno político -además del registral- un día antes de que vendedor y comprador fijaran las condiciones cuya adecuación a la ley debía verificar ese Globierno. ¡Otro milagro! Convendría que el ministro Arias-Salgado explicara, preferentemente en el Parlamento, cómo ha hecho posible que la Administración se adelante de esa manera a los hechos. Habrá que ver si se ha incumplido la ley; pero es seguro que se ha vulnerado el sentido de la decencia.