Los nacionalistas critican la pretensión del Ejecutivo

La propuesta del Gobierno del PP de reducir la edad penal de 18 a 16 años para determinados delitos relacionados con el terrorismo es una "barbaridad jurídica" además de una medida claramente inconstitucional, según afirmó ayer en Barcelona el diputado y vicepresidente de Iniciativa per Catalunya, Joan Saura, en línea con lo también manifestado por el diputado de CiU, Carles Campuzano, informa Francesc Arroyo.

Campuzano consideró ayer que el proyecto del Gobierno de rebajar la edad penal para los autores de delitos de terrorismo "sólo serviría para ofrecer argumentos a Herri Batasuna y a su entorno". Explicó así su posición: "Sería contraproducente, porque no resolvería ninguno de los problemas de fondo del País Vasco". Campuzano rechazó la idea de hacer una legislación especial para hacer frente a la violencia juvenil en el País Vasco porque, en opinión del diputado nacionalista y ex presidente de la rama juvenil de Convergència, tendría unos efectos contrarios a los deseados.

PNV: "Difícil encaje"

Por su parte, la diputada del PNV, Margarita Uría, considera que la rebaja de la edad penal de 18 a 16 años para autores de delitos terroristas debe ser discutida largo y tendido", informa Aurora Inxausti. Uría explicó que, "aunque a los departamentos de Interior vasco y central les gustaba especialmente la medida, va a tener un difícil encaje porque constitucionalmente rompe con el esquema inicial de la ley".En opinión de Uría, el anteproyecto de Ley de Justicia de Menores no está mal planteado y tiene algunos aspectos "aceptables". "No me parece mal, sobre todo en lo que se refiere a la reeducación del menor", indicó.

Uría cree que hay que debatir en profundidad el anteproyecto de Ley de Justicia de Menores porque supone una "excepcionalidad", según dijo, "y, evidentemente, puede vulnerar el principio de igualdad que fija la Constitución". Para la diputada peneuvista, si se llega a aprobar esa normativa habría juristas que podrían plantearse juzgar a los menores en la Audiencia Nacional. "¿Tendría que crearse entonces un juzgado de menores en esta institución?", preguntó.

En respuesta a las justificaciones ofrecidas ayer por Justicia, el dirigente de Nueva Izquierda y catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido -que desde el primer momento calificó de "barbaridad" la medida-, aseguró que el artículo 55 de la Constitución "no permite la suspensión del artículo 14 [igualdad ante la ley] ni siquiera en estados de excepción o de sitio". En cuanto a que la profesionafización del integrado en banda armada requiere rebajar su mayoría de edad, López Garrido resaltó que ello implicaría "atribuir a los terroristas mayor madurez que a quienes cometen otros delitos, con lo que se haría lo contrario de lo acordado: enaltecer al entorno de ETA".