Los peruanos creen que Fujimori cambió los jueces a su conveniencia

El presidente peruano, Alberto Fujimori, subrayó con gran énfasis en el reciente discurso a la nación, la independencia del poder judicial y el acatamiento del Ejecutivo a las decisiones de los magistrados. Hace cinco años, tras el autogolpe de 1992, anunció "no un parche" sino "la reorganización del poder judicial para una honesta y eficiente administración de la justicia", y se comprometió a acabar con la politización extrema.

La reforma, en opinión de los peruanos, no ha dado buenos resultados. Una encuesta de hace una semana indica que la desconfianza y desaprobación de la labor de la justicia tiene índices similares a los de antes del autogolpe. Una indiscutible mayoría está convencida de que los cambios de jueces en casos comprometidos para el Gobierno obedecen a motivaciones políticas. Un 63% de los encuestados estima que el poder judicial está ahora más influenciado por Fujimori y su asesor VIadimiro Montesinos que antes de la reforma.Una de las primeras medidas fue la destitución de 13 vocales de la Corte Suprema y de otros 134 jueces de diversas salas y juzgados, y el correspondiente nombramiento de una cifra similar de jueces provisionales. Más adelante, en una segunda fase de la reforma, el Parlamento creó la poderosa Comisión Ejecutiva del Poder Judicial, cuyo secretario ejecutivo es un comandante en retiro, José Dellepiane.

Este organismo tiene la atribución de nombrar y separar magistrados provisionales y suplentes, crear o eliminar salas judiciales.

La sala que había mostrado una mayor independencia fue la más "castigada". Se trata de la Sala de Derecho Público que concedió en su día los hábeas corpus presentados por el general Rodolfo Robles, cuando fue "secuestrado" el año pasado por miembros del servicio de inteligencia y por el abogado del narcotraficante Demetrio Chávez Peñaherrera que pidió hablar con su defendido, incomunicado en el Callao. Peñaherrera declaró haber efectuado pagos a Montesinos.

La misma Sala de Derecho Público aceptó la reclamación de los familiares de los presos del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru contra la medida gubernamental que prohibía las visitas a las cárceles. En todos los casos el Consejo Supremo de Justicia Militar se negó a acatar las resoluciones.

El 'caso Ivcher'

Los cinco vocales de la Sala de Derecho Público fueron sustituidos hace un mes por vocales provisionales de probada fidelidad, y tres de ellos -los jueces Sergio Salas, Juan Cancio Castillo y Elizabeth Mac Rae- han sido denunciados por la fiscal suprema Blanca Nélida Colán por un presunto delito de prevaricación. Los jueces relevados iban a dirimir importantes casos como los recursos de amparo de Baruch Ivcher, accionista mayoritario de Canal 2, contra la retirada de la nacionalidad peruana y la "confiscación" de sus acciones, así como el recurso de los tres jueces del Tribunal Constitucional destituidos por la mayoría oficialista del Congreso, por declarar inconstitucional la idea de Fujimori de presentarse a una tercera reelección en el año 2000.Otro juez incómodo, Víctor Raúl Mansilla, presidente de la Segunda Sala Civil de Lima, iba a llevar el litigio entre Fujimori y su ex esposa, Higuchi Miyagama, que reclamaba una deuda en dólares. Un día antes de la vista, en junio, fue relevado de su puesto. Su sustituto no fue el vocal más antiguo de la segunda sala, como correspondía, sino un juez de la primera sala, Luis Sáez Palomino, quien al día siguiente resolvió a favor de Fujimori.