La juez que investiga la catástrofe de Biescas se plantea archivar el caso

La riada que causó la muerte a 87 personas en Biescas (Huesca) hace un año fue un "accidente imprevisible". Esta constatación ha llevado a la juez que investiga el caso, María Puy Aramendia, a considerar su "archivo definitivo", aunque no lo decidirá hasta después de las vacaciones, según revelaron fuentes judiciales a El Periódico de Catalunya.

Las dilaciones "provocadas por algunas de las partes personadas" han impedido que el caso haya sido archivado antes, según las mismas fuentes, ya que han insistido en pedir nuevas pruebas y presentar recursos contra las que les eran negadas.La juez cree que cuenta con indicios suficientes para determinar que no hubo "responsabilidades penales", puesto que los técnicos consultados han determinado que fue un accidente derivado de la lluvia torrencial. Los mismos documentos señalan que este tipo de desastres ocurren una vez cada 2.000 años y que son totalmente imprevisibles.

El archivo del caso exculparía a la Diputación de Aragón, el Ayuntamiento de Biescas y la Confederación Hidrográfica del Ebro, hasta ahora los hipotéticos responsables de la catástrofe.

Recursos

Es muy posible que el caso no se cierre definitivamente. Ya antes de que se supiera esta posibilidad los abogados de la acusación particular comentaron a EL PAÍS que si se desechaban las responsabilidades penales recurrirían la decisión. Su intención es evitar llegar a la jurisdicción contencioso-administrativa y que los afectados tarden años en conocer la verdad, "como ocurrió con los familiares de las víctimas de la tragedia de Tous", según uno de los abogados, Joaquín Arcas.Otro de ellos, Elena Melera, ha afirmado que piensa llegar "hasta el Tribunal Constitucional" si el caso se archiva. Según ella, existen claros indicios de la "culpabilidad y negligencia" de la Administración y de los funcionarios que abogaron por la instalación del cámping Las Nieves "en contra de la Ley de Aguas y del Reglamento de Dominio Público Hidráulico". Además, Melera piensa que la Confederación Hidrográfica del Ebro debió oponerse a su instalación y ordenar su posterior desmantelamiento, a pesar de que ya lo hubiera autorizado la Diputación General de Aragón.

La misma abogada se quejó de que la juez sólo tenga en cuenta a la Administración, "lo que nos deja en una situación de indefensión". Añadió que ésta les deniega los informes que solicitan al tiempo que la Confederación Hidrográfica y la Diputación presentan sus informes sin estar personados en la causa.

Las acusaciones particulares coinciden en que las razones de la tragedia se deben buscar en las características geológicas del torrente de Arás: "Es evidente que se podía predecir el riesgo que suponía instalar un campamento en el cono de deyección de un barranco [espacio de tierra donde se acumulan los sedimentos que caen desde las laderas]".