"La empresa pública debe autofinanciarse en el 2001"

Leonés, de 42 años, abogado del Estado y antiguo colaborador en el sector privado del actual ministro de Industria, Josep Piqué, Pedro Ferreras anuncia "una vuelta total al sector público empresarial" en esta legislatura, y sitúa en el año 2001 el límite a partir del cual las empresas del Estado deben autofinanciarse. El responsable de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y subsecretario de Industria rechaza que las privatizaciones sean lo más destacable de la política industrial.Pregunta. ¿Puede utilizarse la empresa pública como un instrumento de política industrial?

Respuesta. La experiencia ha demostrado que ha sido un fracaso absoluto. En los últimos siete años, el sector público empresarial ha costado 8,5 billones de pesetas. Si queremos venderlo entero, y a pesar de la subida de los mercados, ese sector no vale más allá de tres billones. Esos recursos que se dedican a mantener empresas sin futuro pueden dedicarse a otros fines como sanidad, educación o carreteras.

P. ¿Mantiene que el Estado no es buen empresario?

R. La empresa es un instrumento capitalista y mercantil. Hasta aquí todos estamos de acuerdo, lo queramos o no. El Estado no tiene ni los medios ni los mecanismos para operar en un mercado cambiante, flexible y cada día más competitivo. Además, en la empresa pública la experiencia nos dice que confluyen intereses políticos difíciles de salvar, que se enquistan con el paso de los años y que caminan a veces en dirección contraria a la lógica empresarial. La política industrial hay que hacerla apostando por la investigación y el desarrollo para que las empresas sean cada vez más eficaces y competitivas.

P. Precisamente en este terreno no hemos avanzado mucho en los últimos años.

R. Es cierto, y por eso hay que darse prisa. Los mercados de trabajo irán desplazándose irremisiblemente hacia los países emergentes con mano de obra más barata, y la única oportunidad que queda a los países desarrollados es fomentar la industria de alto valor añadido a través de la mejora de la tecnología. Los países de la OCDE destinaron el pasado año como media el 2,2% de su Producto Interior Bruto (PIB) a investigación y desarrollo mientras España no pasó del 0,7%. Lo peor es que hace 10 años dedicaba el 0,9%.

P. Antes de impulsar la investigación y el desarrollo habrá que definir el modelo de empresa pública y, sobre todo, encajarlo en el marco presupuestario que requiere la Unión Europea.

R. En ello estamos, perfilando con Economía y Hacienda y otros ministerios un nuevo modelo para el sector público empresarial que resuelva sus problemas presupuestarios. El Gobierno tiene el decidido propósito de dar una vuelta total al planteamiento del sector, quiere ir más allá de la mera venta de empresas al sector privado. Si nos quedamos en esto último, podemos correr el riesgo de fracasar y no conseguir el objetivo final: el saneamiento integral del sector de la empresa pública.

P. ¿Por dónde irá ese nuevo modelo?

R. No podemos ser mucho más precisos porque se están perfilando los detalles. Se camina hacia un modelo tendente a la integración, de forma que las empresas con beneficios (integradas en la SEPI) lograrán compensar los resultados negativos de las empresas integradas en la Agencia Industrial del Estado (AIE). Tenemos que resolver el futuro de la empresa pública y desligarlo del presupuesto nacional. Es la asignatura pendiente que queremos resolver. Vamos a sentar las bases para que las empresas actúen como tales, con resultados económicos, aunque no se puede olvidar su papel. social.

P. Pero ¿qué pasará sí después hay empresas que siguen perdiendo mucho dinero?

R. Si tras las inversiones necesarias y el ajuste en todos sus aspectos una empresa sigue siendo un reguero de pérdidas, no podremos decir que esa entidad es una empresa. Habrá que calificarla de organismo autónomo o habrá que resolver su futuro por otra vía, pero si mantenemos empresas públicas es para que funcionen como tales empresas. No puede seguir la situación actual de empresas públicas que pierden el doble o el triple de lo que facturan.

P. ¿La crisis de la empresa nacional Santa Bárbara, que perdía el triple de sus ventas, se ha cerrado en falso, retrasando otros dos años el ajuste?

R. Es curioso. Cuando ponemos encima de la mesa el diagnóstico económico crudo y real, nos acusan de tecnócratas insensibles. Cuando cedemos ante realidadades laborales y sociales nos acusan de blandos. Hay que ser realistas. No se puede cerrar una fábrica de la noche a la mañana, pero tampoco se pueden eternizar situaciones insostenibles.

P. En la sociedad se ha instalado la imagen de que este Gobierno tiene como objetivo central las privatizaciones.

R. No creo que solamente hayamos hecho eso. Desde que llegamos, en junio de 1996, nos propusimos avanzar en tres caminos: sanear el sector público, consolidar proyectos industriales y privatizaciones. Parece que se ha enfatizado más en el tercer aspecto, pero no es así. El anterior Gobierno privatizó 77 empresas públicas. Vendieron el 75% de Telefónica, más del 30% de Endesa y el 90% de Repsol, entre otras. También quiero recordar los acuerdos que hemos firmado para sectores como minería del carbón, astilleros o Corporación Siderúrgica Integral (CSI) y el saneamiento de Babcock Wilcox. El sector público empresarial tiene que autofinanciarse en el 2001 y creo que lo vamos a conseguir.

P. Es más fácil reconvertir la empresa pública con el viento económico a favor.

R. Hay que estar preparado y luego tener un poco de suerte. Si el viento está a favor, también ha influido el que el Gobierno haya sentado las bases para ello. No obstante, no vamos a utilizar esta buena coyuntura económica para acelerar el proceso de privatización y ajuste ni para recaudar más. Lo prioritario es sanear el tejido empresarial público.

P. Pero ustedes van a ingresar casi 1,2 billones por vender hasta el 35% de Endesa, y van a hacerlo en el punto más alto de la cotización...

R. Y se van a beneficiar todos los españoles, porque habrá recursos para invertir en áreas sociales e infraestructuras. No tiene sentido que el Estado gestione esta empresa cuando a lo mejor hay dos millones de españoles que están dispuestos a invertir parte de sus ahorros en ella.

P. ¿Han cedido a las presiones del PNV para vender la CSI a Arbed?

R. No se han recibido presiones ni de grupos políticos ni económicos. Se ha hecho un proceso abierto, transparente, y ha ganado el mejor plan industrial y de empleo. Las críticas políticas están un poco en el guión, pero no ha habido críticas técnicas o económicas. Sin embargo, nadie ha dicho que hemos reducido las comisiones de los bancos de inversión en las ventas de empresas públicas de forma notable, precisamente por la competencia en los concursos.

P. En el plan de compra de Inespal por Alcoa, los sindicatos no se fian de las promesas de mantener el empleo.

R. El proyecto que ha presentado Alcoa para Inespal es un gran proyecto de futuro, y por ello se le ha adjudicado. Inespal es una gran empresa nacional, pero que no puede competir en el mercado mundial del aluminio. No hay otra salida que integrarla en un grupo multinacional que, además, se ha comprometido a invertir un 60% más de lo que hacía el Estado y a mantener el empleo. Los sindicatos son muy dueños de sus acciones, pero no tienen razón.

P. ¿Ha despejado su futuro Iberia con la alianza con British Airways y American Airlines?

R. El futuro nunca está resuelto. Era la única vía. No hemos descubierto nada nuevo. Todas las grandes compañías han firmado alianzas.