El PSOE, a favor de reformar el Código Penal para combatir a ETA

Los socialistas están dispuestos a reformar, si es necesario, el Código Penal aprobado durante su último mandato para llevar a buen puerto las medidas legales contra el "terrorismo de baja intensidad" que negocia el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con los partidos democráticos, según el acuerdo del Pacto de Madrid del pasado 14 de julio. María Teresa Fernández de la Vega, socialista y ex secretaria de Estado de Justicia, aseguró ayer que el PSOE está dispuesto a colaborar con el Gobierno en estas medidas unitarias contra el terrorismo y a favorecer la unidad de los democrátas.

De este modo, el PSOE sale al paso de la afirmación del vicepresidente político del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, que el pasado lunes, en la junta nacional del PP, afirmó que los socialistas podían causar más problemas que los nacionalistas en la negociación de las medidas contra la violencia callejera.Los socialistas, según Fernández de la Vega, conceden especial importancia, dentro del paquete de medidas que negocia el Gobierno, a los juicios rápidos. Estos procesos, que con una modificación legal podrían realizarse en menos de 25 días, "tienen un carácter de ejemplaridad muy eficaz", según Fernández de la Vega.

Además de los juicios rápidos, motivados por la violencia callejera, la ex secretaria de Estado de Justicia destaca el delito de amenazas y coacciones, cuya modificación afectaría al artículo 169 y siguientes del Código Penal. La diputada socialista no pone ninguna dificultad a que se modifique el Código Penal para "facilitar el trabajo a los jueces, clarificando un delito de tanta importancia como es el de amenazas y coacciones".

A su juicio, las contramanifestaciones, otra de las figuras que están abordando los partidos en sus conversaciones con el ministro del Interior, también pueden englobarse dentro del delito de amenazas y coacciones.

La diputada socialista asegura que su partido está dispuesto a hacer un gran esfuerzo de unidad con el Gobierno para llevar adelante estas medidas. El mismo que está realizando el Gobierno de Aznar en relación con el PNV.

El Ejecutivo está pasando por alto algunos gestos que le han disgustado procedentes del Gobierno vasco y el PNV. Concretamente, en la manifestación de Bilbao del pasado 12 de julio, el presidente del Gobierno, José María Aznar, quedó relegado en una segunda cabeza, mientras el lehendakari Ardanza, el presidente del PNV y la mayoría de los componentes de la Mesa de Ajuria Enea encabezaban la marcha. La Mesa de Ajuria Enea tampoco esperó al presidente al final de la manifestación en las escalinatas del Ayuntamiento de Bilbao donde la hermana, de Miguel Ángel Blanco leyó un comunicado en el que pedía la liberación del secuestrado.

Fuentes gubernamentales afirman que el disgusto de Aznar se manifestó en una respuesta muy simple, como fue su negativa a acceder al Ayuntamiento de Bilbao una vez finalizada la marcha, pese a la solicitud de los componentes de la Mesa de Ajuria Enea. Aznar, que había sido invitado por el' lehendakari Ardanza a la manifestación, no encontró una respuesta adecuada en los dirigentes nacionalistas, pero ha evitado que estos acontecimientos afecten a la marcha de las conversaciones sobre las medidas legales contra el terrorismo.

En los dos últimos contactos que ha mantenido el ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, con los portavoces del PNV en el Congreso las cosas han marchado "con un alto grado de unidad", según los portavoces nacionalistas. El PNV no pone ninguna dificultad de fondo al paquete de medidas contra la violencia callejera propuesto por el ministro del Interior.