Filesa, última etapa

LA FINANCIACIÓN irregular de los partidos políticos, explicable por múltiples causas, pero nunca justificable, culminará uno de sus episodios paradigmáticos con el próximo final judicial del llamado caso Filesa, relativo a la presunta trama de recaudaciones ilegales por el PSOE. El paso del tiempo, la demagógica -e inconcreta- utilización de la acusación por el PP, la aplicación de las garantías constitucionales a los acusados y la alegación por parte de éstos de los cambios legislativos en beneficio de su propia causa han contribuido a reducir los posibles efectos penales de este caso de corrupción política que -pese a la existencia de otros en otras formaciones- no tiene paliativos para una ciudadanía que paga sus impuestos y tiene derecho a que sus representantes públicos sean ejemplarmente honestos.Cuando ha de transcurrir más de un lustro para que sean juzgados los presuntos responsables penales de aprovechar sistemas heterodoxos de allegar fondos para las economías partidarias, la percepción del ciudadano es que la justicia no funciona. Desde luego, que no funciona bien. Cierto es que, a diferencia de lo ocurrido en el caso Naseiro, sobre presunta financiación irregular del PP, algunos de los acusados -12, según la resolución hecha pública el lunes pasado- se sentarán definitivamente en el banquillo para ser juzgados por unos delitos que, en caso de ser probados en la vista oral, acarrearán a sus autores no sólo una condena jurídica, sino la confirmación de que atentaron contra las reglas del juego democrático.

La historia interminable de un procedimiento que paradójicamente se denomina abreviado se inició en 1991 con la tremendista, a la vez que lenta, instrucción del juez Marino Barbero -quien pretendió sentar en el banquillo a 39 personas, incluidos todos los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE-, rematada cuatro años después con la espantada del magistrado ante las críticas de que era objeto. Enrique Bacigalupo, tras estudiarse los 18.000 folios del sumarlo, redujo a siete el número de acusados.

La Sala Segunda del Tribunal Supremo elogió en diciembre de 1996 "la dedicación, el estudio y el exquisito tratamiento jurídico llevado a cabo" por el nuevo instructor, pero estimó "discutibles los planteamientos jurídicos", sostenidos en su resolución. La sala aumentó a 26 el número de acusados, pero, tras la vista preliminar recién celebrada, ha perfilado ya de forma. definitiva el banquillo en el que deberán sentarse a partir del 3 de septiembre próximo 12 acusados, encabezados por los políticos socialistas Josep Maria Sala y Carlos Navarro, senador el uno, ex diputado el otro. Queda excluido el antiguo responsable de finanzas del PSOE, Guillermo Galeote.

La vista oral puede cribar todavía las imputaciones y las pruebas capaces de originar condenas penales, y los criterios de aplicación de la prescripción de los delitos pueden todavía modificarse. Uno de los aspectos destacables de la resolución de la Sala Segunda del Supremo es la declaración de, que el escrito de acusación del Partido Popular es, "nulo e ineficaz", porque "sólo contiene una serie de comentarios generales sobre aspectos también generales de la causa, con ausencia de hechos concretos ( ... ) sobre los que específicamente se basen responsabilidades". Todo un lamentable ejemplo de uso del proceso penal para atacar al contrincante político.